El organismo informó que el Ejecutivo tiene un plazo de diez días para un pronunciamiento y posteriormente, “el Tribunal resolverá sobre el fondo del requerimiento, escuchando los alegatos de las partes en audiencia pública”.
Los estudiantes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que universidades adscriban al proceso y luego puedan ser excluidas. “Podríamos tener acciones legales de parte de universidades que tendrán contratos firmados con el Estado y que no serán cumplidos”, advierten desde la Confech.
