La iniciativa fue anunciada previo al Día Internacional de los DDHH. En concreto, se propone identificar y ofrecer una reparación a las víctimas de hechos ocurridos entre el 7 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2022.
Consultados por Radio y Diario Universidad de Chile, dirigentes y expertos en derechos humanos criticaron la ausencia de una reparación integral y también las limitaciones de programas en curso, como el Plan PACTO.
De acuerdo a la organización de víctimas, la decisión del joven estuvo motivada por una “enorme carga de frustración ante el abandono del Estado”. En tanto, desde Amnistía Internacional, aseguraron que efectivamente hay una deuda.
Con esta determinación, las particiones señalaron un menoscabo a la atención psicosocial y jurídica a las víctimas del estallido social. También se notificó la renuncia del abogado Rodrigo Bustos al organismo, quien mencionó situaciones de precariedad laboral en distintas divisiones.
