El abogado Roberto Celedón explicó que la idea de hacerse parte en esta querella, responde al compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia, y poder también colaborar en el esfuerzo que realiza la familia.
En la región de La Araucanía y el Biobío no para la seguidilla de enfrentamientos y los llamados “hechos de violencia” llegan a distintos sectores, a chilenos y mapuche. En estos días se han registrado una serie de episodios conflictivos, que son vistos con preocupación por las autoridades envueltas en un complejo escenario de críticas.
265 palestinos asesinados, 53 de ellos niños, y 1770 heridos, son las cifras que se han dado a conocer en esta jornada.
La reactivación de la medida estaría orientada a generar presión, luego de que las promesas ofrecidas por el Gobierno, para el cese de la anterior huelga, no fueran cumplidas debido a “tramitación institucional” y la dilatación en la “toma de razón” por parte de Contraloría.
Durante su campaña presidencial de 2013, Michelle Bachelet aseguró que “en ningún” caso aplicaría la Ley Antiterrorista, seis meses después, la entonces candidata de la Nueva Mayoría recogió la interpelación realizada en contra del Estado de Chile por el comisionado de la ONU, Ben Emerson, quien sostuvo que no se debía aplicar esta ley. La Mandataria declaró en aquella oportunidad que “las leyes comunes son lo suficientemente fuertes”.
La coordinación de agrupaciones de familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en un encuentro que sostuvieron en el palacio de La Moneda con la Presidenta Michelle Bachelet, concordaron en tomar ciertas resoluciones para avanzar en la verdad y lograr la justicia respecto de los genocidas que actuaron durante la dictadura. Por su parte, el Ejecutivo asumió el compromiso de nombrar al ministro de Justicia José Antonio Gómez como coordinador del equipo ministerial para el cumplimiento de las demandas que plantearon las agrupaciones.
El gobierno, a través de la Cancillería, organizaciones civiles y parlamentarios, se manifestaron públicamente en contra de la feroz agresión militar en contra de Gaza, que ya cumple una semana, y que han provocado la muerte de más de 171 civiles palestinos.
Los manifestantes señalaron que Chile no está en la lógica de los empates en este conflicto y suscribe al llamado del secretario general de las Naciones Unidas para una solución de esta grave crisis.
A 25 años del término de la dictadura de Augusto Pinochet, todavía existen materias que no han sido resueltas respecto de los crímenes que cometió el dictador y sus secuaces, en los 17 años que estuvo al mando. Hoy, muchos de los victimarios se están muriendo en la impunidad, sin que las familias de las víctimas hayan recibido la reparación que demandan.
Agrupaciones e instituciones de Derechos Humanos buscan incidir en un cambio curricular que considere este tema en educación. A su vez exigen que los estudiantes visiten llamados “espacios de memoria” con el fin de fortalecer la memoria histórica.
El Ejecutivo anunció al Parlamento la creación de un Servicio de Migración. Sin embargo, parlamentarios y expertos se mostraron disconformes y agregaron observaciones, como por ejemplo, comprensión de las diversidades culturales y necesidad de crear comisión asesora de consejo interministerial para resolver la multidimensionalidad del tema.
Entregar a la defensa todos los antecedentes y el reconocimiento del Ministerio Público que no existen otras pruebas que sustenten la acusación más que las declaraciones de testigos secretos, fueron algunos de los argumentos por los que celebró el defensor de Emilio Berkhoff, Jaime Pacheco, la determinación del Tribunal Constitucional que obliga a la Fiscalía a entregar identidad de los declarantes.
Recientemente se formó en el Congreso la llamada “Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado” que comenzó a sesionar este martes con el conflicto en La Araucanía como eje y donde sus sesiones se manejan, por ley, en total secreto. Si bien para los expertos la Comisión está dentro del canon legal de los países democráticos, desde las comunidades y organizaciones de derechos humanos manifestaron algunas reticencias.
