Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos calificaron así la posibilidad de que se entreguen beneficios a violadores de DDHH. “Es una señal muy mala que se está dando para el resto de nuestras generaciones futuras”, señalaron.
La abogada de la familia de Víctor Jara en el juicio que se sigue contra el presunto asesino del cantautor en Estados Unidos, descartó que el ex teniente Pedro Pablo Barrientos no conociera al artista, ya que el testimonio de numerosos conscriptos que estaba en el ex Estadio Chile en los días posteriores al golpe de Estado, lo reconocen como uno de los oficiales a cargo del sitio.
El informe presentado por el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, luego de su visita en 2015, evidenció la falta de políticas públicas que se hagan cargo de la situación indígena en Chile.
Ante la avanzada de algunos sectores por otorgar beneficios carcelarios a condenados por delitos de lesa humanidad, diversas críticas han surgido respecto de la pertinencia de implementar dichas salvaguardas. En ese sentido, se compara la forma en que países como Alemania han enfrentado este tipo de casos.
Un 14 por ciento de la población colombiana es víctima de desplazamiento, con 6,9 millones de personas que abandonaron sus hogares por la violencia en las últimas tres décadas. Según la agencia de la ONU para los refugiados, estas cifras confirman que el país sudamericano supera a Siria.
El sacerdote jesuita de 99 años recibió en el Museo de Bellas Artes el reconocimiento por su labor en defensa de los derechos humanos, especialmente durante la dictadura.
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la resolución que solicita a la Presidenta el envío de la Convención Interamericana Sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores al Congreso para su ratificación. “Este documento facilitará la visibilización de los adultos mayores y abrirá un espacio de resignificación de la vejez en el país”, señala la antropóloga Paulina Osorio.
Luego de encadenarse a modo de protesta a las rejas del ex Congreso, integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunieron con la ministra de Justicia para que se impida la entrega de libertad condicional a violadores de DDHH.
Esta mañana, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos se encadenaron a Tribunales, en protesta de las gestiones en el Parlamento que permitirían otorgar derechos penitenciarios a reos condenados por violaciones a los derechos humanos.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado del PPD criticó que se esté legislando para otorgar beneficios carcelarios a violadores de los DDHH. “Los chilenos sienten hoy día que ellos han estado llenos de privilegios”, aseguró.
Proyectos de ley, reuniones, solicitudes a la Presidenta y entrevistas, son algunos de los mecanismos que han utilizado algunos senadores en su estrategia para conseguir beneficios para los militares condenados por violaciones a los derechos humanos, actualmente recluidos en Punta Peuco.
El jefe de la comunidad de Temucuicui sostiene que fue arrastrado luego de perder la conciencia por los gases lacrimógenos lanzados por Carabineros durante un allanamiento. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, aseguró que fue subido a la fuerza a una camioneta roja por sujetos de civil.
En casi tres décadas, Chile ha exportado un discurso sobre Derechos Humanos que, para los ex presos políticos, sólo se ha quedado en la retórica y mantiene una deuda con esa parte de las víctimas que no tiene apellidos rimbombantes, no es parte de cúpulas políticas ni tampoco pertenece a los llamados “casos emblemáticos”.
La Sala Penal elevó a 10 años y un día de presidio las penas que deberán cumplir, en calidad de autores de los secuestros de Modesto Espinoza Pozo y Roberto Aranda Romero, los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff.
En una conferencia en la Universidad Adolfo Ibañez, Rudolph Giuliani afirmó que las personas no tienen el derecho de manifestarse en la vía pública y negó que el control de armas tenga algún impacto en la lucha contra el terrorismo. Expertas criticaron la postura del ex edil, asegurando que no logra entender lo que está pasando en América Latina.
Diputados y senadores de distintas bancadas se sumaron a la iniciativa para agilizar el trámite de las iniciativas que apuntan a garantizar los derechos de las minorías sexuales, proyectos que son parte del Programa de Gobierno de Michelle Bachelet.
La actuación de Carabineros se encuentra regulada en una serie de protocolos que se hicieron públicos sólo hace dos años. El contenido de las disposiciones, su conformidad con los derechos humanos y sobre todo su efectiva aplicación, enfrentan severos cuestionamientos.
