“El Estado de Chile ha hecho cosas, pero éstas son dolorosamente insuficientes”, sentenció el director nacional del INDH, Sergio Micco, en la presentación de los resultados. Además, el organismo dio a conocer un mapa de las vulneraciones cometidas por agentes del Estado, el que ya está disponible en su sitio web.
La instancia de trabajo, formada a partir de las declaraciones de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas ciudadanas ocurridas desde octubre del año pasado, busca además ampliar al presupuesto de Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) para que incluya a quienes han sufrido mutilaciones graves.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, la jugada que pretende hacer la derecha demuestra, “una vez más”, la necesidad de cambiar la institucionalidad actual, pues, a su juicio, organismos como el Tribunal Constitucional van en contra de la voluntad popular.
En conversación con nuestro medio, la jefa regional del INDH Coquimbo, Tarcila Piña, admitió que en los denunciantes de violaciones a los DDHH existe una desconfianza generalizada con las instituciones y enfatizó en que los daños que producen estos hechos van más allá de lo superficial. “No es sólo una afectación a la integridad física, sino que también a la integridad psíquica; y no sólo a la víctima que vivió el hecho, también a su familia”, sentenció.
El seguimiento permanente, las amenazas de muerte y los sospechosos allanamientos que sufrieron en su hogar, terminaron obligando a Jonathan y Francisca a tomar la decisión de salir del país. Hoy, en vísperas del primer aniversario del estallido social, decidieron contar su historia y revelar una serie de videos, fotos y audios que han ayudado a que su agresor, el ex capitán de Carabineros Ricardo Luengo, se encuentre en prisión preventiva imputado como autor de apremios ilegítimos y torturas.
La organización presentó su informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social” en el que concluyen que en los meses posteriores al 18 de octubre pasado agentes policiales “infligieron dolores y sufrimientos graves a la población manifestante, con la intención de castigarla, dispersarla y con ello desarticular las manifestaciones”.
Solos o con familia, por error o adrede, las personas extranjeras que encontraron la muerte en octubre de 2019 tienen algo en común: sus casos aún no tienen responsables. Un seguimiento a casi un año de lo acontecido recaba en cómo ha continuado la vida para los familiares de Mariana Díaz Ricaurte, Julián Pérez y Romario Veloz.
Desde la organización llamaron al gobierno de Sebastián Piñera a iniciar de inmediato un amplio debate nacional sobre cuáles deben ser las prioridades adecuadas en Chile.
La carta fue enviada por Baltasar Garzón, ex juez y presidente de FIBGAR, y Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), junto a asociaciones de juristas internacionales.
En el marco de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, Jan Jarab, representante en América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abordó la situación de este derecho en el país, destacando la disposición del organismo internacional para apoyar a Chile en su garantía.
Para la Comisión Chilena de Derechos Humanos lo sucedido en Chile desde octubre pasado se enmarca en una política grave y sistemática de violaciones a los derechos humanos y los hechos del viernes solo vienen a reafirmar eso. “Aquí no solo hay responsabilidad política, sino también penal en el marco de lo que son las obligaciones que tiene la autoridad en el manejo del orden público”, señaló su presidente en entrevista con nuestro medio.
El ministro del Interior y Seguridad Pública se refirió además a la situación del carabinero formalizado durante la jornada de ayer: “Está profundamente afectado”.
