El parlamentario por esa región del norte del país señaló que desconoce la situación que enfrentan los jóvenes, pero indicó que no se trata de presos políticos.
Matías Andrade es acusado de quemar una caseta del peaje de la ruta que une a Ovalle con Coquimbo y La Serena. La justicia lo condenó a cumplir una pena con libertad vigilada en un primer juicio, pero la Intendencia Regional pidió anular el procedimiento por considerarlo un peligro para la sociedad.
Expertos del organismo multilateral plantearon que la medida no puede ser adoptada de manera sumaria y que se debe cumplir en todo momento el debido proceso.
La instancia presidida por el senador Alejandro Navarro recibió al ministro de Salud, Enrique Paris, quien se mostró a favor de una Ley de Reparación a las víctimas del estallido social.
En el documento al que se sumaron docentes de otras casas de estudio del continente, señalan que la comunidad internacional debe movilizarse para hacer valer el derecho internacional, sistemáticamente violado por Israel.
Para la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos la muerte del llamado fiscal favorito de Pinochet sin que haya prestado colaboración para el esclarecimiento de causas pendientes es uno de los vejámenes que deben seguir soportando los familiares de las víctimas.
El condenado en el caso del homicidio de Eugenio Berríos tenía 81 años y llevaba un año internado en el Hospital Militar cumpliendo una pena de 10 años y un día. También había sido condenado en calidad de cómplice por la muerte de Tucapel Jiménez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales en 1982.
Señor Director, Ad portas de la elección más importante desde el retorno a la democracia, vemos una vez más como el Estado es incapaz de asegurar el derecho a voto de aquellas personas privadas de libertad que no han sido condenadas a pena aflictiva. Pese a que su ciudadanía se mantiene vigente, el Estado persiste […]
La ministra en visita con dedicación exclusiva en casos de derechos humanos, Marianela Cifuentes, condenó además a los ex funcionarios del órgano represivo por aplicación de torturas de índole sexual de ex presa política
Tomando en cuenta los 28 distritos, el 74% de los programas de las candidaturas constituyentes menciona la palabra agua, según un estudio encargado por Greenpeace.
Candidatas y candidatos a la Convención Constitucional de todo Chile se sumaron al llamado del Colegio de Periodistas para garantizar el Derecho a la Comunicación en la nueva Constitución y así establecer marcos institucionales para resguardar derechos como la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información.
El academico de la Universidad de Chile abordó la forma en que el Gobierno ha llevado a cabo las expulsiones de migrantes, y cuestionó la irregularidad con la que se están llevando a cabo los procesos.
La ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó sentencia de primera instancia en la causa sobre el secuestro calificado de Luis Contreras Escamilla y la sustracción del menor, su hijo, Luis Contreras Peñaloza, hechos ocurridos el 10 de noviembre de 1973, a manos de funcionarios del Regimiento de Infantería de San Bernardo.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos aseguró que espera que estos delitos no sean tipificados como comunes, sino como crímenes de lesa humanidad. “Ni siquiera son solo violaciones a los derechos humanos sino que aquí se ha cometido la categoría más grave, que son los crímenes contra la humanidad”, señaló.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Colegio de Periodistas, con el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lanzan en este Foro un programa de capacitación para periodistas y comunicadores con respaldo de dos universidades, el cual permitirá capacitarse en el marco de la protección de los derechos a la información y a la comunicación.
El fiscal nacional Jorge Abbott ordenó a los fiscales regionales volver a examinar estas causas, lo que es valorado por las víctimas, sin embargo, aseguran que seguirán con cautela las investigaciones para que el anuncio no sea “un voladero de luces”.
Corte de Apelaciones de Santiago solicitó al ministro de Justicia y DDHH, Hernán Larraín, que en un plazo de cinco días dé a conocer los argumentos para entregar el beneficio presidencial al ex director de la DINE Hugo Prado Contreras condenado por el secuestro calificado de cinco militantes del FPMR en septiembre de 1987.
