La Cámara aprobó un proyecto de resolución donde expresan su preocupación por la falta de celeridad en el caso del lanzamiento de una lacrimógena que dejó ciega a la mujer cuando se dirigía a su trabajo en la comuna de San Bernardo.
El constituyente electo y ex ministro de Desarrollo Social e refirió también a la controvertida conducción de Sergio Micco (DC) en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. “El Director del INDH no está en condiciones de seguir siéndolo, su conducta no es consistente con el mandato que tiene la actual legislación”, aseveró.
El teniente coronel retirado fue enviado a Chile desde Argentina este lunes donde había escapado para evitar cumplir condena por secuestro de estudiante de la Universidad de Concepción ocurrido en 1973.
En una carta abierta al órgano constituyente suscrita por 34 organizaciones, afirman que le corresponderá “reformular la actual institucionalidad de derechos humanos que contemple organismos dotados de la suficiente autonomía y legitimidad”.
Los representantes anunciaron que propondrán un artículo transitorio cuando se inicien las sesiones de la convención para permitir la liberación de los detenidos a raíz de las manifestaciones. Además, calificaron de “errática” la conducción del Instituto.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos se refirió al fallo de la Corte Federal de Australia, la que declaró a Adriana Rivas como extraditable para que responda ante la justicia chilena por su posible responsabilidad en crímenes durante la dictadura.
Se trataría de la salida forzada del país de 60 personas, de ellas, 14 tendrían como fundamento de expulsión un procedimiento administrativo y no una orden judicial como estipula el Derecho Internacional. Para el dirigente del Movimiento de Acción Migrante “estas expulsiones administrativas también son forma de represión y de racismo institucional”.
Cristián Pérez, autor del libro y el hermano del diputado desaparecido en dictadura, Carlos Lorca, presidente del Centro de Formación Memoria y Futuro, Jaime Lorca, conversaron con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de esta investigación y su trascendencia en la discusión política actual.
El monumento realizado en memoria a 57 víctimas de la dictadura ubicado en Osorno sufrió por segunda vez este tipo de vandalización en menos de dos años. Agrupaciones de derechos humanos de la zona, apuntan a grupos que buscarían provocar miedo debido al proceso de definiciones electorales que vive el país.
La lista es encabezada por Fabiola Campillai y Gustavo Gatica y suma a organizaciones como la Fundación Baltazar Garzón y la Asociación Americana de Juristas por las violaciones a los DDHH cometidos en el marco del estallido social.
En una Carta Pública que suma la adhesión de casi un centenar de organizaciones, dirigentes sindicales e individualidades, la FENAFUCH exige la liberación de las y los presos políticos de la revuelta social.
Desde Río Grande en Argentina, la autora del libro “Entre dos mundos: pasado y presente” destaca el rescate que lleva adelante junto a su familia de un “cúmulo de saberes que fueron transmitidos de generación en generación”. “Quiero algo que me dignifique, a mi gente, mis hijos y las futuras generaciones” reflexiona.
El vicealmirante Juan Andrés de la Maza, que asumirá este viernes en el cargo, estuvo a cargo de las fuerzas armadas en Valparaíso en el estallido social, período en que se cometieron decenas de vulneraciones en la ciudad puerto y sus alrededores.
La diputada comunista Camila Vallejo llamó a aprobar el proyecto de su autoría que busca la reparación de las víctimas de violencia policial en el marco del estallido social luego de las manifestaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019.
La autoridad naval que estuvo a cargo del orden público durante el estallido social fue cuestionada por las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en ese período por agentes de las fuerzas de orden y de seguridad.
El criminal se encontraba prófugo de la justicia luego que fuese condenado a 10 años y un día de prisión por el denominado caso ENDESA.
El joven de Talcahuano falleció el pasado 21 de octubre de 2019 luego de ser atropellado por un vehículo de la Armada que conducía el infante Leonardo Caamaño Medina.