Corte de Apelaciones de Santiago solicitó al ministro de Justicia y DDHH, Hernán Larraín, que en un plazo de cinco días dé a conocer los argumentos para entregar el beneficio presidencial al ex director de la DINE Hugo Prado Contreras condenado por el secuestro calificado de cinco militantes del FPMR en septiembre de 1987.
“Cuidar la democracia es asegurar la libertad de expresión” es la consigna de la declaración pública dada a conocer por el grupo de galardonados junto al director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Dino Pancani, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa.
El sacerdote jesuita se refirió a las declaraciones en contra de los migrantes que pronunció el presidente de la CPC, Juan Sutil y a la grave situación que enfrentan los presos de la revuelta del 18 de octubre de 2019.
En el encuentro, que se desarrollará en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la libertad de Prensa, también se darán a conocer más detalles del premio que reconoce a los mejores trabajos periodísticos sobre memoria y derechos humanos. Las postulaciones al Premio podrán realizarse entre el 3 de mayo y 30 de agosto de este 2021.
La investigación recopila historias referentes al funcionamiento de la “Oficina”, organismo de inteligencia instaurado en los Noventa, con el fin de desarticular a las organizaciones que habían promovido la lucha armada contra la Dictadura.
La Comisión Chilena de DDHH, la Fundación FIBG y el Centro CRED entregaron detalles de la presentación con la que buscan establecer la responsabilidad que le cabe al Presidente Piñera y otras autoridades en las graves violaciones a los DDHH ocurridas desde el estallido social a la fecha.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la actriz recordó la agresión policial de la que fue víctima en octubre de 2019 a la vez que se refirió a su búsqueda de justicia: “Para mi tiene que ver con generar una cultura de valorización, dignidad y respeto total de los derechos humanos”, dijo.
El académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile abordó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de iniciar la tramitación de un recurso de protección presentado por el senador Alejandro Navarro, a raíz del ‘telefonazo’ de la jefa de gabinete del Presidente Piñera a ejecutivos de La Red.
El cierre de más de tres mil causas de violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante su administración, entre otras razones, motivaron la presentación del escrito.
Beneficiarios de esta iniciativa, como Gustavo Gatica y José Rojas, fueron parte de un conversatorio en el que se hizo un balance de este programa impulsado por la Facultad de Odontología y la Unidad de Baja visión del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el que ha permitido la atención gratuita de 36 pacientes.
La política migratoria impulsada por el Gobierno ha sido criticada por la oposición, organizaciones internaciones de derechos humanos, académicos y organizaciones de la sociedad civil pro migrantes. Según el mismo Ejecutivo, para este 2021 se prevé la salida forzada de 1.500 extranjeros que se encuentran en Chile en una situación migratoria irregular.
En conversación con nuestro medio, la Directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados analizó la política de expulsiones que ha iniciado el Gobierno y señaló que ellas reúnen todos los requisitos para ser consideradas colectivas, algo que está prohibido por el Derecho Internacional.
Las organizaciones señalaron que se repite este procedimiento irregular, realizado en fin de semana, en momentos de pandemia, y cuando las personas afectadas tienen mayor dificultad para acceder a defensa jurídica y de manera engañosa.
Tras el estallido social ha habido una enorme cantidad de críticas relativas al actuar de carabineros y de las fuerzas armadas en el control del orden público, dichos cuestionamientos se han mantenido en el marco del control de la pandemia. Este actuar ha sido consistentemente violatorio de los derechos humanos. Cada una de las críticas, […]
El coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se refirió a la demora en el seguimiento en la materia realizado por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las entidades enviaron un carta pública a Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde expresan su preocupación por la demora en los resultados de las visitas efectuadas en diciembre de 2019 y enero de 2020 a Chile.
Según los datos más recientes de la organización Global Witness, en 2019 hubo más de 200 asesinatos de defensores de derechos ambientales. De ese número, dos tercios de las muertes ocurrieron en América Latina.
