Los parlamentarios del comité compuesto por el Partido Comunista, Acción Humanista y el Frente Regionalista Verde Social entregaron su respaldo a la presidenta de la Cámara y advirtieron sobre una persecución política que podría ir en escalada.
El concejal autor de la denuncia señaló que el pronunciamiento de Contraloría permite deducir que la contratación “se asemeja más a una asesoría personal a un precandidato presidencial”. Por ello, instó a Orrego a restituir los dineros percibidos.
La parlamentaria de oposición cuestionó el despliegue de las autoridades en terreno, ya que a su juicio “la familia chilena no está sintiendo los resultados” de las medidas tomadas para afrontar la crisis de seguridad nacional.
El Jefe de Estado valoró la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago respecto al caso Audios. Así, relevó la importancia de enfrentar la corrupción y tráfico de influencias.
Lo único que podría evitar la paralización efectiva es una mediación ante la Inspección del Trabajo. De lo contrario, los centros de distribución de uno de los conglomerados más grandes del país entrarán en proceso de paralización.
La legislación, que era parte del fast track legislativo en seguridad, otorga además medidas de protección para intervinientes en causas sobre criminalidad organizada, tales como fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales.
La Premio Nacional de Periodismo indicó que estamos ante un “crimen económico”. Sobre la relación de la UDI con el sistema financiero, dijo que es una “endogamia permanente”: “Gente que es UDI entraba y salía de los grupos económicos al gobierno”.
A raíz de los homicidios en la RM, el timonel del gremialismo, Guillermo Ramírez, acusó de “indeciso” al Mandatario, mientras el diputado Hirsch lamentó que cada fin de semana lo único que se le ocurra a la Oposición sea pedir renuncias.
El ministro Cordero (Justicia) dijo esperar que cualquier persona comprometida con los DD.HH. tuviese claridad sobre la materia. Mientras, la ministra Jara respaldó “plenamente” la conducción del Gobierno y fustigó el doble estándar de la UDI.
A partir de la muerte del sargento Rodrigo Puga el fin de semana, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, expuso que la nueva Ley de Seguridad Privada prohíbe que funcionarios de la institución presten este tipo de servicios.
La querellante en el caso Audios se inclinó por la medida cautelar más gravosa para que el abogado no se fugue del país. Sobre los hechos que involucran a Andrés Chadwick dijo: “Quisiera escuchar algún pronunciamiento por parte de la derecha”.
Luego de tres días de la formalización del abogado, el parlamentario comunista mantiene expectativas de que se trate de punto de inflexión respecto de otros casos de corrupción. “Espero que concluya con una sanción ejemplar”, expresó.
Rodrigo Hernán Puga Herrera, 38 años de edad, 17 de servicio y padre de dos hijos, estaba de franco cuando murió producto de un disparo que recibió en el exterior del teatro Caupolicán.
Los trabajadores de la mina Caserones, yacimiento de cobre ubicado en la cordillera de la Región de Atacama, aceptaron la última oferta de la empresa y terminaron con la huelga legal de 12 días.
El deceso se produjo en la exPosta Central, hasta donde fue trasladado en estado de gravedad. De esta manera, subieron a 12 los casos de muertos en hechos de violencia en la Región Metropolitana desde el jueves pasado.
Los partidos ya iniciaron conversaciones con sus representantes sobre esta definición a meses de que se cumpla el plazo fatal para que, de aspirar a una diputación o senaturía, renuncien a sus cargos. Marco Moreno: “Primará el objetivo electoral”.
El exsecretario de Estado aseguró que en el comité convocado por la Comisión de Salud del Senado para trabajar una propuesta de reforma no se está discutiendo el tema. El foco ha estado en asuntos como la eliminación de las preexistencias.
