La discusión se centró en la llamada “brecha de trazabilidad” entre déficit y deuda, concepto que el exsecretario de Estado calificó como injustificado y que la actual administración investiga en una sumaria interna.
Los secretarios generales de los partidos progresistas rechazaron el avance del proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado. Respecto a la acción en el Tribunal Constitucional, afirmaron que todo depende de cómo siga la discusión legislativa.
La diputada del Partido de la Gente aseguró que la bancada analiza con responsabilidad todos los antecedentes antes de definir su postura. Por otro lado, proyectó que la megarreforma del Gobierno terminará en una mesa de diálogo.
El parlamentario, quien solicitó una comisión investigadora para abordar este tema en el Congreso, calificó las declaraciones del exdirector de Migraciones como la “respuesta de un burócrata que quiere salvar su responsabilidad”.
El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones apuntó a un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que, precisamente, pedía facilitar los trámites en medio de la crisis política que se vivía en el país caribeño.
Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara respaldó en general proyecto de la Bancada de Renovación Nacional que busca fortalecer la protección de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
El parlamentario de Evópoli enfatizó que la propuesta no busca coartar las movilizaciones, sino más bien resguardar el ejercicio pacífico de esa garantía constitucional. La iniciativa contempla penas de hasta cinco años de presidio.
El biministro Claudio Alvarado valoró el avance y destacó que el ministro Jorge Quiroz está abierto a dialogar con la oposición para ampliar los consensos en torno a la reforma.
El debate en Sala estuvo marcado por el cuestionamiento al guarismo, calificado como “insuficiente” y que la propuesta de reajuste para mayores de 65 años no se condice con la entrada en vigencia de la ley de envejecimiento positivo.
El ministro Martín Arrau defendió la iniciativa y aseguró que el Congreso podrá perfeccionar el texto. La oposición anunció reserva de constitucionalidad y una propuesta alternativa: el Registro de Vándalos de Cuello y Corbata.
Pese a las gestiones de la senadora Paulina Núñez para resguardar su permanencia, el Mandatario decidió concretar la salida de la representante de RN debido a las persistentes diferencias con la titular de la cartera.
Pese a que valoraron el hecho de que se extienda el beneficio a más mujeres, desde la multisindical cuestionaron el financiamiento propuesto por el Gobierno, que no contempla nuevos cargos para los empleadores.
El subsecretario del Interior recalcó que el foco del Gobierno está en esclarecer los hechos y que el Servicio de Migraciones quedará a disposición del Ministerio Público para colaborar en la investigación.
El abogado Patricio Zapata sostuvo que el texto no demuestra el vínculo entre los hechos imputados y las normas invocadas. Además, advirtió que convertir diferencias sobre proyecciones fiscales en una causal de destitución afectaría la institucionalidad de Hacienda.
El exfiscal sostuvo que, con los antecedentes disponibles —que apuntan a su injerencia en el nombramiento de al menos 10 jueces—, el Gobierno debería desistir de su designación. Por otra parte, Gajardo cuestionó la demora de la Fiscalía para iniciar una investigación.
La presidenta del gremio empresarial, Susana Jiménez, destacó que el proyecto apunta a “dinamizar la actividad económica y la generación de empleos”. La oposición cuestionó que no se levantaran alertas respecto al déficit fiscal.
En cuanto al proceso de embargos a deudores del CAE, el extitular de Educación acusó una “concepción ideológica muy clara” de parte del Gobierno sobre el Estado. “Es un poco terminar la obra de Jaime Guzmán”, acusó.
