Pascua Lama, el proyecto minero emplazado en la región de Atacama, sigue estando en el ojo del huracán. Luego de finalizada la etapa de audiencias, el segundo Tribunal Ambiental deberá fallar en torno a la petición de las comunidades y pequeños agricultores de zona de revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a la canadiense.

Para las tres partes reclamantes, que en su conjunto representan a agricultores, regantes, crianceros, habitantes, comunidades diaguitas y empresas agrícolas, es claro: Barrick Gold, dueña del yacimiento, contamina y  los daños de la minera en el Río Estrecho deben ser sancionados.

Pese a la claridad con la que argumentan su demanda, los transnacionales estarían presionando políticamente la decisión del tribunal.

Así lo explicó Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) organización partícipe del recurso de reclamación: “Interpelaron a la superintendencia con una suerte de chantaje porque no eran argumentos jurídicos, sino argumentos político empresariales en términos de que en esta caso el tribunal iba a generar un precedente en términos de introducir más incertidumbre en las inversiones que es justamente lo que el empresariado en general reclama”.

La gravedad de la presión radicaría en el miedo que los canadienses quieren sembrar en la imagen país, agrega el ambientalista.

Álvaro Toro, abogado que representa a más de 40 agricultores, regantes y diaguitas del Valle del Huasco reaccionó ante la postura que la Superintendencia de Medio Ambiente tomó en la audiencia – entidad presente porque defendían la resolución de la sanción tomada en mayo que le costó U$16 millones a Pascua Lama – porque habrían traspaso responsabilidades técnicas a los querellantes.

Por esto, el abogado representante de decenas de comunidades de regantes del valle precisó que “lo que planteaba la superintendencia que nosotros teníamos que entregar los antecedentes sobre si se habían contaminado las aguas o no, si eso había sucedido ellos estaban disponibles a abrir un sumario. Nuestra respuesta es que no tenemos la capacidad técnica para hacer eso, que la conducta de la empresa ha tenido reiteradas sanciones, ya son más de diez las sanciones que ha recibido la empresa, lo que implica pensar de que la empresa esté incumpliendo sus obligaciones, por lo tanto, es la superintendencia la que debe ejercer las acciones para demostrar o descartar si fuera ese el caso”.

En ese escenario, comunidades y afectados de la región de Atacama esperan el fallo del Tribunal. La exigencia es anular la sanción, incorporar nuevos elementos, lo que conduciría a anulación o revocación de la RCA. Sería el pago justo que los habitantes piden a la justicia, por el daño ambiental que denuncian, siendo éste uno de los varios recursos presentados en contra del proyecto de explotación aurífera.