En las primeras horas del domingo 30 de septiembre de 1974, un artefacto explosivo a control remoto fue accionado para explotar el vehículo de Carlos Prats, quien se encontraba al interior junto a su esposa, Sofía Cuthbert, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. La muerte instantánea del ex comandante en jefe del Ejército y su esposa impactó no sólo a la opinión pública por la crudeza del hecho, sino también al interior del Ejército, donde es considerado como uniformado ejemplar.
En Chile, la justicia condenó a nueve personas como autores intelectuales y materiales del delito, además de cómplices. Por su parte, la justicia argentina fijó cadena perpetua para el agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel. En materia judicial, la abogada de la familia Prats, Pamela Pereira, resaltó que se logró constatar la activa participación de altos mandos del Ejército.
“Lo que fue posible con la realidad existente a la época, es que se condena un número importante de altos mandos del aparato interno de la DINA como quienes operaron en el extranjero. El esfuerzo de la familia Prats tiene un resultado que permite estar tranquilos, de momento en que se lograron esas sentencias condenatorias”, indicó la abogada.
Manuel Contreras, Pedro Espinoza y José Zara, condenados por la muerte de Carlos Prats y su esposa, son parte de los nueve condenados por delitos de lesa humanidad trasladados del Penal Cordillera a Punta Peuco este fin de semana.
A juicio de Pamela Pereira, es inexplicable el trato que han recibido estos militares, luego que la justicia ratificara su participación en los delitos: “No hay nada que justifique las cárceles especiales con ellos ni nadie, no solo porque usaran uniforme, si son comprometidos en conductas delictivas. Cuesta mucho entenderlo, más aún explicar, cuál sería la razón que justifica una medida como ésta. Son medidas de privilegio que el país debería superar, o que debió superar hace mucho tiempo”.
Una postura similar manifestó Sofía Prats Cuthbert, hija del matrimonio asesinado, quien destacó que, pese a las condenas, quedó pendiente definir la participación de Augusto Pinochet: “Logramos que se estableciera la verdad, la justicia es relativa. Se aplicó media prescripción, y hay personas que se estableció participación y no pudieron ser juzgadas, como Augusto Pinochet”.
Sofía Prats valoró el cierre del penal Cordillera, lo que apunta a un resultado de la reflexión por 40 años del Golpe de Estado. En esa línea, indicó que aún es tiempo de obtener justicia. “Es un camino largo por recorrer, aún no se desarman todas las ataduras con las que quedan las Fuerzas Armadas. Este año, la acción de los medios ha sido tan intensa y determinante en crear un ambiente de condena a la violación a los DDHH, que permite que se tomen medidas que quizás antes no se pudo tomar”.
A 39 años de este atentado, el Museo de la Memoria organizó un acto público encabezado por las hijas de Carlos Prats, quienes destacan su postura en contra de un Golpe de Estado, anticipándose a las conocidas consecuencias de la dictadura.
