Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que el 15% de la población mundial está compuesta por personas con discapacidad.

Si proyectamos esta cifra al número de habitantes a nivel nacional, obtenemos que en la actualidad la población con discapacidad que vive en Chile alcanza los 2.5 millones de personas, según cifras oficiales.

Diversos son los programas oficiales y privados que trabajan por entregar mejores condiciones de vida a las personas que tienen discapacidad. En 2008 el país ratificó la “Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad”, comprometiéndose a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad.

Los años han pasado y el balance que se tiene respecto de las políticas abordadas, es variado. Hace algunas semanas, el Servicio Nacional de la Discapacidad, en conjunto con privados, lanzó la plataforma “Siga Chile”, herramienta web que mediante una red social pretende crear un mapa de los lugares y accesos habilitados para las personas con discapacidad.

María Ximena Rivas, directora del servicio, se muestra auspiciosa, reconociendo que en Chile se ha avanzado en algunos aspectos, pero que falta fortalecer el compromiso ciudadano.

“Cada vez está tomando más relevancia, el mismo hecho de que se difunda, de que se hable de discapacidad ayuda a que se genere este cambio. Falta un tema de empoderamiento de la sociedad civil, por eso es tan importante herramientas como Siga Chile, porque permite que ellos mismos se vayan haciendo cargo, relevando sus temáticas, haciendo que se converse de estos temas, de manera que el resto de las personas que no tienen discapacidad vayan viendo que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer para facilitar que las personas con discapacidad tengan mejor accesibilidad” dijo la directora de Senadis, haciendo referencia a la necesidad de que todo el país se comprometa con la solución.

Sin embargo, duras son las críticas que se tienen desde la Fundación Nacional de Discapacitados. Para su presidente, Alejandro Hernández, nuestro país se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales, incluso regionales, pues aun prima la caridad por sobre la garantía de derechos.

“Creemos que es tiempo de que se otorgue la ayuda técnica a niños, jóvenes y adultos y especialmente el acceso a la salud como un Derecho Humano. Aún se asocia mucho, incluso en el concierto empresarial, el tema de la integración laboral de las personas con discapacidad como un favor y la OIT hace poco hizo un llamado a Chile para que incorpore en la diversidad del recurso humano, no como caridad, sino como un derecho. Creemos que es importante saltar desde el enfoque caritativo a un enfoque de derechos humanos”, reflexionó Hernández.

En lo laboral, María Fernanda Llusá, coordinadora del área penal de Fundación Pro Bono, recalcó la importancia de garantizar el acceso a las plazas de trabajo de todos los chilenos.

“Hay un tema a nivel país que se tiene que solucionar para que la gente pueda acceder de mejor manera a distintos lugares de la ciudad y del país, entendiendo que la gente tiene que movilizarse no sólo para visitar familiares, sino para ir a sus lugares de trabajo. Ahí es donde se genera un retroceso para las personas que tienen discapacidad, en el sentido de que no solamente dejan de movilizarse, sino que dejan de crecer como personas al no contar con una facilidad de trasporte para el lugar de trabajo, que es su entrada económica y que los sustenta para poder llevar su discapacidad” apuntó la experta.

La abogada enfatizó en la necesidad de avanzar en legislar para que quienes tienen hipoacusia puedan obtener licencia de conducir, lo que fortalecería los espacios que aseguren la independencia de las personas con discapacidad, situación exigida desde organismos internacionales.