Este jueves, jóvenes de la Asamblea de Estudiantes Secundarios (Aces) junto a cercanos al dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, cortaron el tránsito de la calle Isabel Riquelme, en San Joaquín, en las afueras de las dependencias de la empresa Azeta, donde Jiménez perdió la vida hace nueve meses, producto de un impacto de bala en su cabeza.

Los manifestantes criticaron el desarrollo del proceso judicial, que tiene a un menor implicado como presunto autor de este disparo, bajo la hipótesis de una “bala loca”.

Sin embargo, existen sospechas de la familia ante la rápida determinación de la PDI por esta tesis de homicidio, ya que Jiménez mantenía acciones contra la empresa por derechos laborales. Incluso, la familia presentó hace pocos días un peritaje privado, el cual señala que el disparo se produjo desde un punto de origen más cercano, incluso con probabilidad desde el interior de las dependencias de Azeta.

Juan Carlos Jiménez, padre del sindicalista, señaló que la intención es saber la verdad, por lo que solicitarán un cambio de fiscal e incluso la opción que el Laboratorio de Criminalística de Carabineros realice nuevas diligencias.

“Esto lo tenía que haber hecho el Gobierno, ya que la Fiscalía ni la PDI hicieron la pega como corresponde. Contratamos el perito y estuve en las diligencias, esto se hizo con implementos profesionales, por lo que evaluamos cambiar fiscal, y que Labocar haga otros peritajes”, dijo.

En esta línea, Rodrigo Román, abogado querellante, destaca que la justicia debe sumar pericias en el lugar de este homicidio, ya que se podría denunciar una manipulación de evidencias: “El antecedente aportado que controvierte aquello, razón por la que el Ministerio Público deberá tomar medidas, que se tomen nuevos peritajes por órganos distintos, y que se estudien los levantamientos, que no corresponden con las especies, entonces hay una disconformidad que en principio es un error, pero podría derivar en manipulación del sitio del suceso”, indicó.

Isabel Salgado, vocera de la Aces, destacó que distintas organizaciones sociales están a la espera de resultados concretos y apuntó a una invisibilización del asesinato de un dirigente sindical: “La participación en la asamblea ‘Todos Somos Juan Pablo Jiménez’ responde a no dejar impune. Existe invisibilización del asesinato, la PDI arrojó resultados que no eran verídicos, comprobado por el perito privado. Es necesario movilizarse y visibilizar lo que está pasando”.

El corte de calle y ocupación de la empresa Azeta terminó con la intervención de Carabineros y la detención de varios de los participantes. La familia subraya que Azeta, subcontratista de Entel que elevó una solicitud de quiebra para cerrar esta planta, no se ha manifestado ante ellos.

Distintas organizaciones sociales convocaron  una marcha, este miércoles 27 de noviembre, desde las 19 horas en plaza de Armas de Santiago.