En el marco de la desconfianza que se da en varios países hacia instituciones gubernamentales y a los distintos poderes políticos y del Estado, el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa anotó un 40 por ciento promedio de cumplimiento los estándares de acceso a la información de sus respectivos Parlamentos.

El estudio midió a Congresos y Asambleas de Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Venezuela y Uruguay, que sólo participó de una de las cuatro dimensiones observadas, éstas fueron Presupuesto, Gestión Administrativa y Mecanismos de Participación; Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas; Normatividad; y finalmente Labor del Congreso.

Chile logró el segundo lugar en el ranking, obtuvo un 53 por ciento de rendimiento, superado sólo por Perú que obtuvo 55 puntos de los estándares medidos. Pese a ello, explican los expertos, es difícil hablar de “buenas noticias en la materia”, considerando los bajos estándares a nivel regional.

Según María Jaraquemada, directora de Estudios e Incidencias de la Fundación Ciudadano Inteligente, los aspectos deficitarios a nivel latinoamericano son preocupantes, ya que el promedio regional es bajo y ningún país se acerca a puntuaciones deseables, las que se cifran alrededor del 75 por ciento de cumplimiento.

“De los nueve países evaluados ninguno supera el cincuenta por ciento. Hay un déficit en falta de normativa, en formatos de datos abiertos. Si bien nosotros consideramos un avance, es cierto que mucha información sigue estando en PDF lo que hace muy difícil de usar. Ahí hay un llamado a liberar el open data”. ”El principal déficit regional radica en la forma en que funciona y se rinden cuenta en la gestión en estas instituciones, lo que también es preocupante”, dijo María Jaraquemada.

Para Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, la situación de nuestro país en el ránking, empeoraría si, por ejemplo, Uruguay hubiese participado de todas las dimensiones medidas; y sería peor aún si se comparasen los resultados con países que muestran niveles aceptables de claridad informativa.

“Tenemos países que rankean en el Índice de transparencia bajo el 140 o 150. Aquí pasa lo mismo. En general los parlamentos tienen muy bajo estándar. Sí nos comparamos con países que tienen muy alto estándar como los escandinavos o Canadá, algunos de Europa o Singapur en Asia, Chile estaría en una medianía a nivel mundial”, explicó.

El peor rendimiento del país se anotó en lo relativo a la labor del Poder Legislativo. La asistencia de senadores y diputados a sesiones y comisiones, logró solo un 49 por ciento.

Igual o más preocupante es lo que sucede en Normatividad, (que se refiere a la publicación de normativas de ética o reglamentaciones del lobby) donde sólo alcanza un 46 por ciento.

En el ítem sobre transparencia y el acceso a la información sobre Presupuestos y Gestión Administrativa, Chile escala hasta los cincuenta puntos. Obtiene un mejor desempeño en cuanto a mecanismos de participación y atención ciudadana y rendición de cuentas (65 por ciento).

De todas formas, para el capítulo chileno de Transparencia Internacional y para la fundación Ciudadano Inteligente (realizadores del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa), cualquier resultado por bajo el 70 por ciento de rendimiento, es un mal resultado.