El fin de semana, en una actividad privada, un connotado militante demócrata cristiano se jactaba que su partido había logrado la semana pasada doblarle la mano al programa de Bachelet al postergar la discusión legislativa en torno al aborto terapéutico. “Ese tema ya no volverá a estar en la agenda”, afirmaba convencido y con cierto tono de satisfacción. “Con Bachelet marcando 27 puntos es fácil doblarle la mano”.

Finalmente, tras meses de escándalos políticos transversales y una estrepitosa caída en la popularidad que terminó con la incombustible cariñocracia que durante una década marcó la relación de Michelle Bachelet con la población, La Moneda tiró la toalla. La excusa para frenar en seco la agenda de reformas es el débil crecimiento económico que se proyecta para este año. Se prevé que la expansión será de 2,5 por ciento frente al 3,6 por ciento que se pronosticaba a inicios de año. Nótese que el crecimiento económico sigue siendo positivo y que estamos muy lejos de una recesión. Nótese también que muchos países han emprendido reformas estructurales en medio de verdaderas crisis económicas.

Pero hoy los tradicionales argumentos que esgrime la derecha permanente del país para frenar reformas sociales –la economía y la delincuencia- encuentran un mayor eco en el palacio de gobierno debido a ese magro 27 por ciento de aprobación de la mandataria.

Cualquiera que sepa un mínimo de economía se dará cuenta que el debate en Chile en estos temas ha estado sumamente distorsionado desde que los Chicago Boys entraron triunfantes –y sin voto popular alguno– al gobierno de Pinochet a mediados de los años 70. Hay varias maneras de computar el Producto Interno Bruto (PIB) de un país. La ecuación más común es la que dice que el PIB (Y) es igual a la suma del consumo interno (C), más las inversiones que realizan las empresas (I), más el resultado entre las exportaciones menos importaciones (X-M), más el gasto fiscal (G). En economía ello se expresa matemáticamente en: Y= C+I+(X-M)+G.

El tradicional discurso neoliberal chileno se ha basado en resaltar la importancia de las inversiones privadas (I) y las exportaciones (X) en el crecimiento económico. Pero el gasto fiscal (G) puede ser tan o más importante que otros factores, como bien postuló el economista británico John Maynard Keynes en los años 30. Pero después de todo, en las actuales sociedades capitalistas el consumo (C) suele constituir más del 60% del PIB. Ello es cierto en Estados Unidos, y también en Chile. Sin embargo, el discurso público de las elites chilenas enfatiza el I, las inversiones. Claro, es el componente empresarial del PIB que a los propios actores de ese sector más le conviene destacar para seguir ganando dinero.

Por eso, nos hemos acostumbrado a escuchar a los empresarios y también a los ministro de Hacienda hablar de la importancia de las inversiones privadas, del peligro de paralizarlas, lo que podría generar desempleo, y un sinfín de otras repercusiones del terror que nos dejarían a los chilenos promedio sin trabajo, sin techo y sin pan.

Pero la economía no es una ciencia exacta, como las matemáticas, sino una ciencia social como la psicología.

Entonces, cuando hoy se nos dice que el precario crecimiento económico no alcanza para financiar las reformas estructurales que nuestro país necesita con urgencia para desarrollarse y ser menos desigual, ello es simplemente una mentira. Creer que el desarrollo social proviene exclusivamente del crecimiento económico es una antigua teoría de los años 80 que ya se probó, en todo el mundo, ser falsa. En su momento se le llamó “la teoría del chorreo” y fue auspiciada por el FMI, el Banco Mundial y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, en algo que se conoció como el “Consenso de Washington”.

Resulta penoso que, en 2015, las autoridades chilenas vuelvan a caer en esta trampa ideológica. Pero es el “27%” el que manda y que obliga, según han convenido los propios inquilinos de La Moneda, a moderar las reformas porque, como dijo el senador DC Andrés Zaldívar, si no hay plata no hay reformas. Por cierto, el propio Zaldívar fue el responsable de una pequeña corrida bancaria y fuga de divisas en Chile cuando, el 23 de septiembre de 1970, y siendo ministro de Hacienda de Frei Montalva dijo que el triunfo de Salvador Allende en las elecciones tres semanas antes estaba generando una gran incertidumbre económica en el país.

Guardando las proporciones y las evidentes diferencias históricas, al igual que durante los años de la Unidad Popular, varios conspicuos miembros de la Democracia Cristiana están desempeñando el papel de derechizar la política chilena. Es verdad, la derecha política tradicional desde el retorno a la democracia –léase RN y, en especial, la UDI– están por los suelos. Pero, sin querer queriendo, un sector poderoso de la DC sale al rescate del ideario derechista del país, liderados por Gutenberg Martínez y su esposa Soledad Alvear.

Así, la reacción anti-reformista ha estado liderada por un partido-miembro de la Nueva Mayoría: la Democracia Cristiana.

En temas netamente políticos o valóricos han jugado hardball, como dicen los gringos, apostando a que la debilidad en los sondeos de la Presidenta Bachelet les permitirá hacer lo que quieran. Y, hasta ahora, han tenido razón. “Tengo una opinión sobre la Asamblea Constituyente que, por lo menos como se ha propuesto en algunos libros, no la comparto”, dijo sin tapujos el ministro del Interior, el demócrata cristiano Jorge Burgos.

Mientras tanto, Ignacio Walker y Patricio Zapata –dos factótums dentro de la DC– publicaron el sábado pasado una columna en El Mercurio en la que propusieron una convención constituyente en febrero de 2018. Dos cosas llaman la atención. La primera es que el Congreso, tan desprestigiado por el financiamiento ilegal, se convierta en el principal órgano constituyente, al punto que la mitad de la supuesta asamblea está compuesta por sus miembros y la otra mitad por miembros designados por el poder legislativo, según la propuesta de estos DC. La segunda es que la DC propone posponer el “proceso constituyente” de Bachelet, anunciado en mayo y programado para septiembre de este año, para tres años más.

Entre tanto, la reforma educacional se redujo a prometer la gratuidad al 60 por ciento de los estudiantes “más vulnerables”, pero que sean parte del sistema de universidades estatales y tradicionales. No es tan distinto a lo que en su momento propuso Sebastián Piñera. Y la reforma tributaria, que ya fue diluida en la “cocina” de Zaldívar –miembro de una familia oligárquica que posee mineras y empresas pesqueras en el norte del país–, ahora puede ser ajustada aún más a los intereses empresariales. Y lo mismo sucede con la reforma laboral, que también está sujeta al nuevo “realismo” del gobierno.

Para rematar, y en una clara muestra del contubernio político del país, la semana pasada un grupo de parlamentarios de la derecha propuso un proyecto de ley que permita a los jubilados hipotecar sus bienes inmuebles para mejorar sus pensiones. En otras palabras, después de pagar durante toda su vida a los bancos para tener su vivienda propia, cuando jubilen tendrán las oportunidad de volver a endeudarse con la banca para tener una pensión digna que las famosas AFP no les pueden entregar. Y así, seguirán siendo deudores de los bancos. Y cuando mueran, sus hijos heredan las deudas. Es lo que solía hacerse en la Edad Media.

Lo triste es que muchos diputados de la Nueva Mayoría, entre ellos varios DC, votaron a favor de esta iniciativa.

Mientras la Democracia Cristiana implementa la agenda de la derecha al interior de la Nueva Mayoría y el gobierno, La Moneda estrenó un nuevo eslogan la semana pasada: “Todos x Chile”. La frase parece sacada de cánticos de fútbol en el Estadio Nacional cuando juega la selección, o de un comercial de e Movistar, Entel o Banco Chile. Pero, bueno, después de todo está en línea con la política comunicacional que resaltó a Canal 13 y Don Francisco para anunciar el cambio de gabinete más importante de los últimos 15 años.