“Educación pública, gratuita y de calidad”. Se trata de la principal consigna que los estudiantes instalaron en 2011, en el contexto de las movilizaciones que acapararon la atención del país. Incluso desde el extranjero.

Primero el gobierno de Sebastián Piñera y ahora el segundo de Michelle Bachelet han enfrentado un complejo escenario, con demandas que claramente no han logrado satisfacer.

Tal como ha ocurrido en otros ámbitos, la educación también se ha visto afectada por la gradualidad. De un gran entusiasmo que hablaba de una gratuidad para las instituciones tradicionales en educación superior, poco a poco se fue moderando el discurso. Se fijó un nuevo tope para el 70 por ciento de los estudiantes más pobres. Luego se bajó a 60 por ciento. Hoy la cifra se mantiene en 50 por ciento.

Incluso este jueves, desde el Gobierno respondieron a las críticas por el cambio de rumbo respecto de las anunciadas reformas. “Un exceso de expectativas que no estamos en condiciones de atender”, aseguró el vocero Marcelo Díaz. “Falta de sentido de las proporciones respecto de lo que un gobierno de cuatro años está en condiciones de hacer”, agregó con resignación. Incluso fue más allá: “Un debate ruidoso que solo tiende a confundir a la opinión pública”.

La misma confusión que critican desde diversos ámbitos de la educación respecto de las estrategias del Ejecutivo.

Por ejemplo, justo en la antesala de la discusión en la que el Ministerio de Educación se sentará a dialogar con los representantes de la Confech, para analizar las propuestas para la educación superior, desde el Gobierno confirmaron que la gratuidad para el 2016 se iniciará a través de la ley de presupuestos.

¿Qué pasó desde el 2011 para que las demandas por el fortalecimiento de la educación pública se redujeran a temas particulares, como ocurre con la gratuidad?

“En ese momento existía una perspectiva muy nítida entre lo que era un modelo de mercado y la reforma que reconstruiría lo público y lo democrático”. Así lo plantea el investigador Víctor Orellana, académico del Centro de Investigaciones Avanzadas en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile.

En conversación con el programa Semáforo, el experto se detuvo en el escenario actual, en el que identifica una ausencia del eje central del asunto, es decir, la recuperación de la educación pública.

“Esa claridad se ha ido desdibujando, porque desde que comenzó el proceso de reforma, las autoridades no han sido capaces de enfrentar este dilema en su simpleza: educación pública o mercado”.

Y agrega: “Hoy, con la gratuidad, que era una de las banderas fundamentales del 2011, está ocurriendo una suerte de resignificación, lo que nos preocupa bastante. Lo que al principio aparecía como la superación del mercado, hoy parece ser su consolidación”.

Para el también director de la Fundación NODO XXI, es importante reconocer que existen personas que hace dos años estaban totalmente en contra de la gratuidad y, sin embargo, hoy son sus principales defensores. Pero con una advertencia: Con la idea de que la gratuidad es para los alumnos vulnerables, donde aparece la defensa del negocio de los pobres en base a recursos públicos.

¿Por qué, entonces, la gratuidad no aparece como una consecuencia del fortalecimiento de la educación?

Desde el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) no sólo existe preocupación. También bastante claridad de lo que se requiere.

Su vicepresidente ejecutivo, el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, identifica como un gran error haber anticipado la gratuidad, como un compromiso del Gobierno, para el 2016. “Sin que tengamos una reforma sustantiva y estructural del sistema de educación superior, deriva en que se pueden perder los objetivos fundamentales”. Uno de esos, afirma, es el fortalecimiento de la educación pública.

Su advertencia es categórica: “No se puede avanzar sólo en distribuir recursos del Estado respecto de un mismo sistema de educación superior, que sabemos es un sistema de libre mercado, de libertad de comercio, con una alta segregación, con baja calidad, totalmente desregulado”. La sola transferencia de recursos a instituciones privadas –advierte– podría significar una consolidación de la hegemonía privatizadora.

“No sólo se estaría postergando u omitiendo el fortalecimiento de la educación superior, sino que se estaría haciendo un daño tal vez irreversible a la oferta pública y a la educación pública”. Esto, a propósito del anuncio del Gobierno de entregar recursos a instituciones que no cumplen mayores obligaciones ni las tareas propias de las universidades del Cruch.

“Está muy bien que desde ya anticipemos que, desde luego, no se trata de esa reforma. Queremos gratuidad, pero en un sistema de educación superior cualitativamente distinto al que tenemos hoy”, exige el rector.

Por ello se anticipa a la necesidad de “evitar una cristalización irreversible del sistema de educación superior que se generó bajo dictadura y conforme a los cánones de una ortodoxia neoliberal”.

Entre los estudiantes existe la misma preocupación, así como también diversas propuestas y exigencias ante lo que consideran un equivocado camino del Ejecutivo.

Marta Matamala, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, apunta a las prioridades. “Es absolutamente impensable plantear hoy un derecho social, como es la educación, en la medida que no se fortalecen las instituciones públicas”.

De hecho, la próxima marcha programada para el 27 de agosto tendrá ese carácter. “La gratuidad hoy se entiende como el acceso a un derecho. Parte de esto tiene que ver con el financiamiento, que es algo que el Gobierno se ha encargado de discutir mucho”, explica la vocera de la Confech. “La gratuidad se tiene que dar con criterios”, agrega.

Así mismo, plantea otro cuestionamiento. “Los indicadores que definen lo que es público y lo que no son bastantes ambiguos”. Por ello, afirma que el problema se agrava aún más cuando todo se reduce a un tema presupuestario.

“La gratuidad aparece como una medida aislada del resto. Muy mal enfocada en función de los requisitos que se están imponiendo. La gratuidad, en primer término, es para quien tiene hoy una misión pública. Ésta tiene que ser definida con los criterios que los actores sociales estamos definiendo”, explica.

“La exigencia al Ministerio de Educación es que construyamos los indicadores juntos que den cuenta de un proyecto educativo público. Entonces, la prioridad está ahí. No puede estar en otra parte. Por lo tanto, el fortalecimiento de la educación pública es la primera tarea que tiene que tener la gratuidad. No la tenencia de la institución”, sentencia Marta Matamala.

Finalmente, dos ideas, del propio Víctor Orellana: “Hacer pública la educación no es sólo financiarla por el Estado ni que el Estado se haga dueño de esas instituciones. Se trata de que la ciudadanía recupere la discusión de para qué quiere educación”.

La segunda, es que “acá siempre hubo una gran ilusión de que uno puede recomponer la educación pública y la educación privada al mismo tiempo. Eso no se puede. Acá hay que optar. No puedes quedar bien con los intereses privados de la educación y con el movimiento social y la ciudadanía que te está pidiendo educación pública”.