“Indagar en la intencionalidad de la comisión de ciertas infracciones” es el propósito de la Superintendencia de Medio Ambiente para el que citó a declarar esta mañana a funcionarios, ex funcionarios  y consultores ambientales de la empresa Barrick Gold. Esto, luego que el órgano fiscalizador del Estado realizara previamente un peritaje en las instalaciones del proyecto Pascua-Lama.

Las acciones comenzaron una vez que los tribunales rechazaron  la demanda por daño ambiental interpuesta por los habitantes.

De este modo, representantes de las comunidades protestaron fuera de la Superintendencia, puesto que esperan que con las exposiciones de los altos cargos de la Compañía Minera Nevada Spa, se logre revocar el permiso ambiental de Pascua Lama, así lo afirmó Constanza San Juan de la Asamblea por el Agua del Guasco Alto.

“Nosotros esperamos que tras estas declaraciones se pueda esclarecer aún más la intencionalidad, porque para nosotros está probada tanto con su propia autodenuncia, como los compromisos que tenían en la Resolución de Calificación Ambiental. Dejan en claro que ellos sabían que si no construían un sistema de manejo de aguas entero, antes que se empezara a hacer material estéril contaminante, iban a perjudicar a todas las comunidades”.

En esta etapa probatoria, la Superintendencia de Medio Ambiente busca esclarecer también otros puntos como la efectividad de haberse afectado la salud de la población y de ciertas áreas, todo para descartar o confirmar la calificación jurídica de los hechos de infracción y dar punto de gravedad a las sanciones.

Sin embargo, la representante de las comunidades indicó que se ha visto una posible estrategia de rebajar las penas a la minera, porque “en octubre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) regional entregó un informe que justamente dice que la superficie dañada fue menor a lo que se dijo en 2013 y que hay pequeños indicios de reparabilidad en las vegas. Después supimos que BIOMA consultores, contratado por Barrick Gold, dice lo mismo. Tenemos temor a que la Superintendencia termine olvidando lo que se constató el 2013 y con esta revisión ayude a la minera”.

No obstante, Constanza San Juan confía en que se compruebe la intencionalidad de la empresa que derivaría en el dolo y con ello, el agravamiento de los procesos.