Hablar de impunidad respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar que encabezara Augusto Pinochet, es hablar, entre otros temas, de la Ley de Amnistía de 1978. Crímenes perpetrados por agentes del Estado que dieron paso a miles de detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos.

Se trata del decreto ley 2.191, dictado ese año por la Junta Militar de Gobierno, documento que ha permitido que muchos de los autores de los homicidios y secuestros no sean juzgados.

Y si bien en septiembre de 2014 la Presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso, con urgencia legislativa, un proyecto para anular dicha norma, ni parlamentarios ni el Gobierno se han mostrado interesados en concretarlo.

“Los crímenes de lesa humanidad que perpetró la dictadura a través de sus agentes, con la complicidad y aplausos de un sector político muy determinado en su momento, no son amnistiables, no son prescriptibles y son de jurisdicción universal”.

Así lo plantea la abogada Carmen Hertz, destacada jurista en el ámbito de los Derechos Humanos, quien agrega que “las amnistías, como en el caso de este decreto ley, que son autoamnistías, no tienen valor alguno. Por el contario, ponen a los Estados que pretendieran aplicarlas en una situación internacional de parias de la comunidad”.

Sin embargo, hay quienes siguen recurriendo a esta legislación. De hecho, un grupo de ex miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros presentó a principios de enero una querella en contra del ex juez Alejandro Solís, actual asesor del Ministerio de Defensa en causas de Derechos Humanos, y otros magistrados jubilados y en funciones, por no aplicarla.

La acción judicial, interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, apunta al supuesto delito de prevaricación que habrían cometido los jueces, es decir, fallar intencionalmente en contra de lo que dispone la ley.

Se trata de una querella patrocinada por el abogado Raúl Meza, el mismo que ha insistido en la necesidad de procesar a Michelle Bachelet por la fallida alerta de tsunami de 2010. En este caso, acusa que a estos uniformados no se les aplica la Ley de Amnistía, mientras que a otros procesados por hechos de terrorismo sí se les beneficia, por ejemplo, con reducciones de penas.

“Todo esto es para contrarrestar y ver las debilidades políticas, porque como no existe voluntad para avanzar más rápido en este tema, obviamente que se aprovechan de estas circunstancias y buscan cualquier resquicio legal”, cuestiona Héctor Vásquez, presidente de la Asociación de Ex Presos Políticos Chilenos residentes en Francia.

Él mismo aclara que “por eso denunciamos el descaro que se tiene hoy y que después de 40 años se pueda esclarecer sobre todo la situación de los desaparecidos”.

Pero desde Francia no solo critican el actuar de los oficiales en retiro, como del ex comandante en jefe de la Armada Miguel Vergara. También del actual comandante en jefe de esa institución, Enrique Larrañaga.

Por ello, Vásquez se detiene en las críticas que han realizado los oficiales, quienes consideran que el Poder Judicial ha actuado de manera irregular e injusta respecto de los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, no duda en reconocer la gestión del entonces juez Alejandro Solís. “Nosotros defendemos a la persona que en un momento determinado trató de esclarecer todos los juicios”. Por lo mismo, exige que lo primero es poner término a los pactos de silencio.

“Una querella con esos fundamentos no tiene ningún asidero en el ordenamiento jurídico chileno ni tampoco internacional”, agrega Carmen Hertz. “Lo único que busca es garantizar la impunidad de los delincuentes de lesa humanidad”.

Y es que para la abogada, el decreto ley de Amnistía no tiene validez en cuanto a las obligaciones del Estado de Chile. “Eso ha quedado absolutamente establecido”.

Argumentos suficientes, asegura, para establecer que se trata de “una querella con fundamentos totalmente falaces, una charlatanería que lo único que busca es garantizar la impunidad de los perpetradores”.

En consecuencia, junto con recordar que se trata de una ley que ya no se aplica desde la detención de Augusto Pinochet en Londres, así como de su desafuero en el Congreso al regresar a Chile, la jurista exige su eliminación.

“Los tribunales hace mucho que no la están aplicando por ser inconstitucional y contraria a las obligaciones. Entonces, para establecer un ordenamiento acorde con las resoluciones tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la propia Corte, se requiere la nulidad del decreto ley de Amnistía dictado por Pinochet”.

En este punto, considera que el rol de los parlamentarios resulta esencial. “Existe una especie de desidia, donde el Poder Legislativo, a su vez, no está entendiendo la situación en la que se coloca al Estado de Chile al no anular ese decreto ley. El Poder Legislativo pasa a ser corresponsable de una situación de desmedro del Estado de Chile, que está expuesto a condenas por parte del sistema interamericano y del sistema universal de protección de los Derechos Humanos”.

Precisamente en cuanto al ámbito internacional, las normas que el Estado de Chile ha firmado corresponden a legislaciones que se deben atender obligatoriamente.

“Si la norma internacional en materia de Derechos Humanos señala que los delitos por los cuales se les ha perseguido son delitos imprescriptibles e inamnistiables, no se puede aplicar la Ley de Amnistía”, detalla Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura.

Un avance del Poder Judicial, reconoce la dirigenta, al recordar que “durante los años de dictadura se silenció y estuvo marchando al ritmo de los crímenes dictatoriales. Y hoy, en democracia, el Poder Judicial decidió tener una actitud distinta y atender aquellas normas internacionales que son obligatorias para Chile”.

Y tal como Carmen Hertz, también critica el actuar de los legisladores y su indiferencia para anular la cuestionada norma. “Tenemos un Parlamento con desidia, porque no ha sido capaz de avanzar en estas materias. Es un elemento dentro del Estado de Chile que no ha estado a la altura en cuanto a las demandas de verdad y justicia que tienen los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos y también los sobrevivientes de tortura, respecto del pasado y de la democracia”.

“Falta voluntad política”, insiste Héctor Vásquez. “Nuestra labor es seguir denunciando lo que pasa. En todas partes el poder no quiere que se sepan las cosas”.

Incluso advierte que “esto va más allá de los militares. Tampoco se ha juzgado a los civiles. Fue una dictadura cívico-militar. No solamente fueron militares los que participaron de la dictadura”. Por ello, afirma que no solo se debe eliminar la Ley de Amnistía. “Hay que ir más al fondo y cambiar la Constitución”.

“Nosotros, los sobrevivientes de tortura y también aquellas personas que han vivido la tortura en la actualidad –reflexiona Juana Aguilera–  esperamos que sea castigada como debe ser de acuerdo a la normativa internacional. Chile no tiene un mecanismo nacional de prevención, habiendo firmado el protocolo facultativo de la Convención Internacional Contra la Tortura”.

“La Ley de Amnistía fue hecha por la dictadura para asegurar la impunidad de sus crímenes”, sentencia la presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura.