“Las mujeres mapuche viven amedrentadas. No duermen tranquilas”, así describe la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), la violencia a la que a diario son sometidas cientos de madres, abuelas, esposas y niñas.

Los vejámenes son diversos. Se inician con la irrupción repentina en comunidades y casas destruyendo todo a su paso y acaban en la cárcel, con “tocaciones” y abusos sexuales tal como hace 30 años denunciaran las mujeres presas en dictadura.

Alicia Muñoz Toledo, dirigenta de la Organización, relató testimonios recogidos durante la cita del Tribunal Ético que sesionó en Cañete la semana pasada, después de la marcha que terminó con acusaciones por fuerte represión policial. En la reunión se llegó a la conclusión que el Estado se ensaña con todo el pueblo mapuche, pero con las mujeres la crueldad es aún mayor.

Entre las conclusiones se describe que “la violencia se inicia con el mal llamado proceso de pacificación de La Araucanía, pero continúa hoy con un sistema político, ideológico, cultural y económico neoliberal que prolifera a través de la instalación de empresas forestales e hidroeléctricas”.

Además se sancionan “situaciones gravísimas de violencia contra las mujeres ejercidas por agentes estatales que vulneran las obligaciones que el Estado Chileno ha asumido en materia de prevención, investigación y sanción, así como de protección y reparación”.

Los testimonios lo evidencian, las palabras de Alicia Muñoz, lo refuerzan:
“A nivel de derechos humanos queremos pelear el tema de las revisiones. Por qué te tienen que revisar hombres, por qué te tienen que revisar hasta los calzones, abrirte el poto para ver si tienes metralletas. Esas cuestionen viven las mujeres que toman presas, esas son las denuncias que hicieron ante el Tribunal de Ética. En dictadura vivimos eso. Ahí nos metieron ratas en la vagina, pero hoy, en esta pseudodemocracia y con una Presidenta mujer ¿cómo es posible que la policía haga lo que quiera?”.

A la violencia sexual se suma la simbólica, esa que señala el abogado Jaime López en el material audiovisual registrado por Anamuri; “A la machi Francisca Linconao se la castiga como símbolo del pueblo mapuche, de la mujer mapuche. (El Estado dice) A este símbolo del pueblo mapuche lo vamos a tildar de terrorista y así impactan en el resto de la comunidad”.

El caso de Lorenza Cayuhán, la mujer mapuche encarcelada que dio a luz engrillada, solo se suma a la extensa lista de denuncias. La violencia relatada no termina ahí, “Muchos vimos caminar con algo de dificultad a la lamgmien Rut, luego nos enteramos que la educadora llevaba dos perdigones alojados en su pierna y disparados a quema ropa por carabineros mientras iba con su familia camino a casa, frente a sus hijos”, cuenta una joven de 23 años que vive en la comunidad de Temucuicui.

Alicia Muñoz agrega que “esto lo venimos denunciando hace muchos años. Al intendente Tohá en Concepción, muchos años atrás, le dijimos que había violencia. Que las mujeres se quedaban solas en las casas, que las violaban. Hay un temor permanente. Día y noche ellas viven asustadas”.

El ataque no solo es por parte de fuerzas policiales o el empresariado; también lo viven a manos de los grandes medios de comunicación que invisibilizan los ataques en contra de las comunidades: “Las mujeres indígenas tenemos claro que los grandes medios sirven al empresariado. Por eso nuestro desafío es hablar, hablar a toda costa, en todo lugar. Que el mundo escuche lo que pasa en Chile, como se violan los Derechos Humanos”.

En ese sentido, el Tribunal aseguró que los mensajes están orientados a desinformar y sembrar el temor hacia el mundo mapuche.

Los jueces tampoco les hacen fácil la tarea. La denuncia de Alicia Muñoz es que se trastocan sentencias, por ejemplo, la del asesinato de Macarena Valdés, mujer muerta por oponerse a una minicentral de paso, que evidencia la violencia empresarial apoyada por fuerzas policiales y ocultada por el Estado a través de la tramitación de un caso por suicidio ante la justicia.

Los caminos son variados. El primero es agotar las instancias locales para llevar estos casos a los tribunales internacionales. Además, exploran la posibilidad de constituir un Observatorio de la Violencia, con el fin de dejar testimonio de todos los vejámenes que a la luz de los relatos, parecen cuentos de otro tiempo, de uno que duró 17 años y que forma parte de las historias de horror del Estado de Chile, capítulo que aseguran se engrosará con la sangre del pueblo mapuche.