Desde hace varios meses que las organizaciones de víctimas de la dictadura vienen advirtiendo sobre la existencia de una operación fraguada por familiares de los presos de Punta Peuco y sectores de la derecha política que buscan conseguir un “perdonazo” a criminales de lesa humanidad que cumplen condenas en ese recinto penal.

Acusan que luego de que el ministro de Justicia, Jaime campos se mostró partidario de otorgar estos beneficios, se ha activado un plan comunicacional que apunta a centrar el tema de los Derechos Humanos en los victimarios, en lugar de las víctimas, y con ello sensibilizar a la opinión pública e influir en una eventual decisión de las autoridades.

En ese marco, hace algunos días el abogado de los reclusos de Punta Peuco, Raúl Meza, presentó un recurso de protección en contra de la presidenta de la República, que busca esclarecer la presunta “tardanza grave e inexcusable” de la mandataria en el pronunciamiento sobre las solicitudes de indultos, considerando que dos de los cuatro que han solicitado este beneficio han muerto en la espera.

Sin embargo, poco se habla de sus crímenes.

Los Duros de la Tercera Comisaría de Rahue

El pasado 1 de marzo moría en una cama en el hospital Dipreca, Gustavo Muñoz Albornoz, producto de diversos problemas de salud, mientras en redes sociales circulaba una foto de él engrillado. La imagen fue usada como argumento meses antes por los que pedían compasión, cuando su abogado Raúl Meza solicitó el indulto presidencial para el violador de Derechos Humanos.

En 1973 Muñoz gozaba de buena salud. Era sargento de Carabineros en la Tercera Comisaría de Rahue y era subordinado del capitán Adrián Fernández. Tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de aquel año, su lugar de trabajo se convirtió en un centro de detención y de torturas.

Muñoz, quien era conocido como “el Loly”, no era uno del montón dentro de la comisaría. Según cuentan testimonios guardados en los expedientes de los casos en los que está involucrado, Muñoz Albornoz era el brazo derecho de Fernández, quien junto a otros cuatro carabineros eran parte del grupo “de confianza” del capitán.

Los seis uniformados eran apodados como “los duros” por el resto de los integrantes de la comisaría. La misión de estos era detener partidarios de la Unidad Popular y someterlos a los interrogatorios que, claramente, eran a través de la tortura.

La Tercera Comisaría de Osorno tenía un subterráneo, el que fue adaptado por los carabineros como el lugar en que buscarían información a través de la fuerza. Según declaraciones de personas que sobrevivieron al centro, el lugar tenía un sillón y una cama. “Había un magneto para aplicar corriente. A las mujeres se le aplicaba en las mamas y a los hombres en los testículos”, recordó uno de los carabineros que no era parte de “los duros” y que prestó declaración a la justicia, quien además presenció violaciones a mujeres en el lugar. Entre los que aplicaban las torturas se encontraba Muñoz. El testimonio en el expediente de uno de los sobrevivientes dice que Muñoz lo torturó “en septiembre de 1973. Le vendaron la vista, le dieron vueltas al cuerpo para perder la noción de la ubicación y lo hicieron descender por unas escaleras. Al llegar lo sentaron en un sillón con brazos, le amarraron sus brazos y le aplicaron corriente en los testículos y en la sien”.

Uno de los tantos casos por los cuales se encontraba condenado Gustavo Muñoz fue por la desaparición del profesor César Ávila, quien en 1973 era director Provincial de Educación en Osorno. Él, como los demás, fue torturado. El testimonio de otra detenida y sobreviviente, cuenta que mientras era torturado por “los duros”, César sufrió un ataque de asma, por lo que les imploraba a los uniformados que le entregaran su bomba de oxígeno, pero estos sólo se la acercaban a centímetros de su vía respiratoria y alejándola al instante, en reiteradas ocasiones, para burlarse de él.

Pero el grupo de carabineros no sólo reprimía en el cuartel. En Osorno hasta el día de hoy recuerdan a los ejecutados y desaparecidos a mano de “los duros”. Uno de los casos emblemáticos es el fusilamiento de diez detenidos en el puente Pilmaiquén. Según indica el relato de uno de los choferes de la Tercera Comisaría, días posteriores al Golpe de Estado, fue informado de que debían trasladar a diez detenidos al regimiento para un interrogatorio, pero se detuvieron en el puente Pilmaiquén. Los uniformados sacaron a los detenidos de los vehículos, quienes iban amarrados y los colocaron en la baranda del puente, mirando de frente a ellos. Entre el grupo de detenidos estaba Ávila, quien fue el primero en morir. Otro de “los duros”, el cabo Rafael Pérez, se acercó al profesor, lo tomó por el cuello y lo degolló con un corvo. “La sangre saltó en todas direcciones”, dijo el testigo, quien añadió que luego del asesinato, Pérez le quitó un anillo y un reloj a la víctima, guardándolo para él. Luego, Fernández dio la orden de disparar a los demás, acabando con la vida de los detenidos, cuyos cuerpos cayeron hacia el río. Entre los caídos también se encontraba Santiago Aguilar, quien hasta antes del golpe era el gobernador de La Unión.

Muñoz fue condenado a 10 años y un día, por muertes y desapariciones de un total de veinte personas. Negó todo al igual que el resto de “los duros”.

Marcelo Castro y sus 17 víctimas en Lonquén

Marcelo no siempre fue Marcelo. Solía ser Lautaro. Ese era su nombre cuando ordenó la desaparición de decenas de personas cerca de Isla de Maipo. Lautaro Castro Mendoza se llamaba.

Tampoco era un carabinero en retiro que a través de Tribunales pedía que lo indultaran de su condena para enfrentar la mala salud desde su casa. En 1973 estaba en sus funciones, capitán de Carabineros y jefe de la tenencia de Isla de Maipo, responsable de uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet: El hallazgo de Lonquén.

El 30 de mayo de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, a cargo en aquel entonces del sacerdote Cristián Precht, se instituyó en las minas abandonadas de Lonquén, luego de que un hombre asegurara haber encontrado una gran cantidad de osamentas humanas.

Los restos correspondían a quince personas que fueron detenidas el 7 de octubre de 1973, los que luego fueron asesinados a golpes y arrojados a los hornos de las minas abandonadas. Sus familias no supieron nada desde su detención hasta el hallazgo y la posterior confirmación de las identidades a través del Insituto Médico Legal, según consigna el sitio www.memoriaviva.cl.

Durante la investigación, el capitán Castro Mendoza entregó testimonios falsos. Dijo que los detenidos fueron llevados a los hornos porque supuestamente en las minas habían armas ocultas, y que ahí se habría dado un enfrentamiento. Esto fue desestimado por el ministro en visita, Adolfo Bañados, quien aseguró que las osamentas no presentaban impactos de bala que hubieran sido recibidas por un organismo vivo. Además, la versión del capitán era inverosímil porque todos los uniformados habían resultado ilesos.

En 1979 se aplicó la ley de amnistía contra Castro y los demás responsables. Sin embargo, en 2011 esto fue revertido, para que recién en septiembre del año pasado, Castro y los demás fueran condenados de manera efectiva. El responsable de la tenencia obtuvo una pena de 20 años.

Pero además, en 2010 Castro Mendoza fue condenado por otro crimen. En el expediente judicial del asesinato de Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante Soto, subordinados de Castro Mendoza cuentan que el capitán ordenó una serie de detenciones de forma verbal. Tres carabineros de la tenencia relataron que un día Castro mandó a trasladar a las mencionadas víctimas. Debían llevarlas al Estadio Nacional, supuestamente, pero la idea del teniente era otra.

Se detuvieron en el puente Naltahua. Los detenidos no estaban ni amarrados ni vendados. Fueron puestos en la orilla de la baranda del puente y Lautaro Castro, hoy Marcelo Castro, apuntó y fue el primero en disparar, para luego dar la orden al resto de los carabineros de hacer lo mismo con sus fusiles SIG. Fueron incontables balas, dice uno de los testigos. Los cadáveres cayeron en la calzada de cemento del puente. Luego, a pedido del uniformado que hoy pide indulto, fueron arrojados al río Mapocho.

El suboficial que no tuvo clemencia

En enero de 2014 la Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó a tres militares por su participación en calidad de autores en el denominado “caso Torres de San Borja”, un emblemático episodio ocurrido en los albores de la dictadura y que involucró a ciudadanos extranjeros e, incluso, militantes de derecha quienes fueron brutalmente acribillados en las cercanías del túnel Lo Prado. Uno de esos tres uniformados era René Cardemil Figueroa, hoy preso en Punta Peuco, cumpliendo una condena de 10 años de cárcel sin beneficios.

Fue en la madrugada del 16 de octubre de 1973, cuando una patrulla integrada por tres suboficiales del Ejército irrumpió en la torre 12 de la Remodelación San Borja en Santiago Centro. Para hacer ingreso al lugar encañonaron al sereno, realizaron una ocupación de los ascensores y cortaron la línea telefónica. Luego de entrar a la fuerza y allanar violentamente diversos departamentos, los uniformados secuestraron mientras dormían a seis vecinos del edificio quienes no tenían militancia de izquierda, ni siquiera estaban relacionados entre sí

Entre las personas detenidas se encontraba un empresario militante de derecha; un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional; un estudiante de matemáticas de la Universidad de Valparaíso; un cirujano dentista que padecía de una severa enfermedad; y una pareja de turistas argentinos, entre ellos una joven de 26 años que al momento de su detención se encontraba embarazada.

Todos ellos fueron trasladados hacia el recinto clandestino de detención denominado Casa de la Cultura de Barrancas en la actual comuna de Pudahuel. Al día siguiente las víctimas fueron sacadas de ese lugar y llevadas a los alrededores del Túnel Lo Prado donde se le ordenó a cada uno que huyera para simular una fuga. Los detenidos rogaron y suplicaron, y a sabiendas de que entre esas personas se encontraba una mujer embarazada, los uniformados, liderados por Cardemil, los acribillaron inclementemente por la espalda con ráfagas de ametralladora.

Al no conocer el paradero de sus seres queridos, familiares de las víctimas intentaron ubicarlas en el Estadio Nacional y en otros tres regimientos, pero no fue hasta el sábado 20 de octubre que dieron con su destino, en la morgue de Santiago.

Las seis víctimas asesinadas en el túnel Lo Prado fueron delatadas por equivocación por una vecina de la torre 12 quien era militante de Patria y Libertad.

Pedro Vivian Guaita

El último de los reos de Punta Peuco que falleció a causa de una enfermedad terminal, y que motivó la presentación de un recurso de protección en contra de Michelle Bachelet, había participado como autor en la detención y el secuestro de al menos tres personas, dos de ellas aún se encuentran desaparecidas

Eran cerca de las diez de la noche un 28 de abril de 1975 cuando ingresaron cinco agentes de los servicios de seguridad regional, a la casa Pedro Acevedo, un joven estudiante de la universidad Técnica del Estado y militante de las Juventudes Comunistas.

El joven fue aprehendido en su casa en la comuna de Tierra Amarilla para luego ser trasladado al regimiento N 23 de Copiapó, lugar en que el estudiante de ingeniería fue violentamente interrogado. Lo que sucedió después aún se desconoce. Desde el Ejército señalaron que el joven se había fugado del recinto militar luego de algunos días, sin embargo hasta la fecha, Pedro Acevedo aún se encuentra desaparecido.

Ese mismo año de la desaparición del militante de las JJ.CC, en la ciudad de Copiapó secuestraban a Nicza Báez, y a su esposo Alonso Lazo Rojas, un joven de 24 años militante del MIR.

Ambos fueron detenidos el 14 de noviembre de 1975, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en su domicilio. Entre ellos se encontraba el suboficial de Carabineros Pedro Vivian Guaita quien colaboró activamente en su detención, secuestro y posteriores torturas.

Luego de la detención de Nicza Baez y su marido, ambos fueron conducidos a la sala de guardia de un recinto militar en Copiapó, donde fueron separados.

Posteriormente fueron reunidos y llevados hasta el segundo piso del Regimiento donde los vendaron, interrogaron y torturaron, logrando solo Báez ser liberada.

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Esta semana se vence el plazo para que Michelle Bachelet se pronuncie sobre el indulto. Desde el mundo de los Derechos Humanos piden no desconocer los crímenes por los que los uniformados están condenados, mientras sus defensores levantan la idea del perdón argumentado vejez, debilidad y enfermedad.