El director del SII Fernando Barraza decidió cerrar sin causas criminales las investigaciones sobre financiamiento irregular a la política en los casos Penta y Soquimich. Es decir, se optó por el cobro de multas y no una sanción penal a las empresas que generaron un perjuicio fiscal a través de estos pagos, beneficiando a  una lista de persones políticos.

Según un reportaje publicado por La Tercera, entre las compañías que han sido notificadas con “actas de denuncias” y que deberían presentarse ante los Tribunales Tributarios Aduaneros o allanarse a la decisión, se encuentra Ripley, Copec, Abastible, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Corpbanca, Inversiones Caburga, entre otras.

Estas empresas aportaron dineros a las campañas políticas, entre otros, del ex precandidato presidencial Laurence Golborne, al ex alcalde Pablo Zalaquett. Se agrega también las rectificaciones que hizo Inversiones Caburga a sociedades y personas vinculadas al ex presidente Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz Tagle.

Al respecto, el abogado de Ciudadano Inteligente y querellante en el caso SQM, Mauricio Daza, lamentó la decisión asegurando que es impresentable que no se inicien acciones criminales por delitos que han sido probados por el Ministerio Público.

“Se hace una selección para los efectos de señalar que no se va a perseguir criminalmentesolamente a los casos donde hay personas involucrados con el ámbito político y que recibieron dineros a través de la triangulación de boletas ideológicamente falsas”, precisó.

Además, el profesional agregó que no se justifican los argumentos presentados por el SII que no solo debe ejercer funciones como recaudador sino fiscalizador en estos casos de financiamiento irregular de la política.

“El director Barraza señala un conjunto de argumentos que en realidad constituyen malas excusas que no se apegan al principio de igualdad ante la ley. Se sostiene que el SII no sería una entidad fiscalizadora sino que un organismo recaudador lo que sería falso considerando la normativa que lo rige y las atribuciones que se le conceden”, aclaró.

Según consignó el medio antes citado, con esta medida el Fisco recaudaría más de mil millones de pesos mediante las multas a estas empresas que van desde el 50 hasta el 300 por ciento del perjuicio fiscal generado, dado que declararon boletas falsas incorporándolas a sus contabilidades para beneficiar a los candidatos políticos.