Según la Encuesta Suplementaria de Ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el ingreso promedio en Chile es de 517 mil pesos aproximadamente. Sin embargo, la mitad de los trabajadores ganan menos de 350 mil pesos.

A estos datos se suman los de la Fundación Sol, que revelan que a pesar de que en los últimos siete años y medio se han creado más de un millón 300 mil empleos, de cada 100 nuevos puestos de trabajo 69 corresponden a categorías precarias.

A menos de una semana de las próximas elecciones revisamos las propuestas en materia laboral que presentan los ocho candidatos que este domingo, 19 de noviembre, competirán en primera vuelta por la Presidencia de la República.

Las propuestas programáticas:

La abanderada de la Democracia Cristiana, Carolina Goic (N°1 en la papeleta), apuesta por desarrollar un “Plan Auge Pro Empleo” que incluirá un programa nacional de capacitación laboral, fortalecer el seguro de cesantía y evaluar la creación de un Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Además, de perfeccionar el proyecto de observatorio nacional.

En cuanto a los derechos de los trabajadores, establece que fomentará y fortalecerá la sindicalización y la negociación colectiva, promoviendo el desarrollo de la negociación entre sindicatos y empleadores.

El candidato independiente de la derecha, José Antonio Kast (N°2), es crítico con la situación actual en temas laborales, por lo que su programa propone: derogar la Reforma Laboral que entró en vigencia este año; fortalecer y asegurar la autonomía de la Dirección del Trabajo; una “legislación laboral flexible con seguro para trabajadores”, lo que facilitará tanto que las personas puedan cambiarse de empleo como que las empresas puedan contratar y despedir personal. También plantea incentivar la reinserción laboral de excarcelados y revisar el rol del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

El candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera (N°3), presenta nueve propuestas en este ámbito: modernizar la legislación y permitir que las partes pacten bolsas de permiso, crear un contrato especial de trabajo a distancia, ampliar feriado anual de 15 a 20 días hábiles, permitir pactos individuales de adaptabilidad laboral, perfeccionar la reforma laboral, modernizar la Dirección del Trabajo, sala cuna gratis para madres trabajadoras y padres con tuición de hijos menores de dos años, reformular el sistema de capacitación y crear un sistema de reconversión e intermediación laboral.

Mientras que el programa de Alejandro Guillier (N°4), candidato del pacto Fuerza de la Mayoría, plantea que mediante una Nueva Constitución se apuntará a una política de plena libertad sindical, lo que incluiría el derecho a huelga. Del mismo modo, apuestan por el desarrollo de iniciativas que permitan el acceso universal a salas cunas y jardines infantiles, estudiar un proyecto de jornada de trabajo de 40 horas, se establecer una política de Salario Mínimo de largo plazo e impulsar un Consejo Superior Laboral para evaluar políticas acorde a la materia.

Beatriz Sánchez (N°5), abanderada del Frente Amplio, postula este tema como uno de los cinco pilares de su programa. En esa línea, propone implementar una negociación colectiva multinivel que vaya más allá de la empresa, radicada exclusivamente en las organizaciones sindicales, y el derecho a huelga efectiva.

En términos de empleo, sus ideas buscan limitar el subcontrato y el uso del contrato a honorario; una modificación al régimen de despido que “restringa el uso del actual artículo 161 del Código del Trabajo a condiciones económicas desfavorables de la empresa”; ampliar la cobertura del sistema de salud laboral; reducir la jornada laboral a 40 horas; un sueldo mínimo asociado a la satisfacción de necesidades básicas y un sistema que fomente la distribución de las utilidades de una empresa, generada por los trabajadores.

Marco Enríquez Ominami (N°6), del Partido Prograsista, propone el Contrato Primer Empleo, que consistirá en un subsidio enfocado en los recién titulados y las dueñas de casa que quieran trabajar; ampliar la cobertura de la negociación colectiva apuntando hacia una negociación por rama y aumentar el salario mínimo a 300 mil en julio de 2018.

Mientras que Alejandro Navarro (N°7), abanderado del Partido País,  también propone reducir la jornada laboral a 40 horas, un salario mínimo de 500 mil pesos hacia el 2022, negociación por rama con derecho a huelga, una reforma al estatuto legal de despido colectivo por necesidades económicas de la empresa y ampliar el carácter tripartito del Seguro de Cesantía y extenderlo hasta un año.

Por último, Eduardo Artés (N°8), del Partido Unión Patriótica (UPA), no aborda el tema con propuestas específicas. Sin embargo, plantea la creación de un plan nacional de departamentos y casas para los trabajadores.

Los ejes fundamentales según expertos y trabajadores

Para el abogado laboral de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, el tema laboral es uno de los más controversiales de la sociedad, por lo que cambiará completamente dependiendo la orientación política de los gobiernos. “No hay puntos comunes entra la derecha y la izquierda, como puede ocurrir en vivienda. En esta materia existe una confrontación ideológica que lleva tres décadas”.

A su juicio, uno de los aspectos centrales que debiese estar en la agenda durante los próximos años es la negociación colectiva por rama y la reducción de la jornada laboral. “Se trabaja demasiado en Chile a lo que se suma las largas jornadas de ida y vuelta a los trabajos. Otro de los ejes es que la acción sindical sigue muy restringida a empresas medianas o grandes y los trabajadores de las empresas pequeñas prácticamente quedan fuera del alcance de los sindicatos, lo que hace que casi el 90 por ciento de los trabajadores chilenos no tenga acceso a la protección de un contrato colectivo”.

Claudio Palavecino, académico de la Universidad de Chile, enfatizó en que es fundamental que se resuelva el actual vacío legislativo que contempla la reforma laboral, respecto de la negociación que enfrentan los “grupos de trabajadores”, es decir, personas que se unen para el solo efecto de negociar pero que no forman un sindicato. Según advirtió, actualmente estos trabajadores no cuentan con un procedimiento para hacer efectivo este derecho.

Por otro lado, indicó que se debe disponer de más recursos para incrementar el número de jueces, “porque los tribunales laborales comienzan a estar colapsados y están dejando de respetar los plazos establecidos legalmente para la tramitación de causas”.

Isabel del Campo, de la Fundación Trabajo para un Hermano, dijo que es fundamental que se fortalezca la sindicalización y la negociación colectiva, además del aumento salarial. “Se negocia muy disparmente y las empresas siguen evitando que existan sindicatos, tampoco hay incentivos a la sindicalización. No habrá mayor equidad si es que no hay cambios en este sistema”.

“Lo otro es el salario, las empresa también tienen que pensar cuál será el salario máximo que entregarán, no puede seguir existiendo tanta desigualdad”, agregó.

Carmen Miranda, presidenta del Sincotel, sindicato que agrupa a trabajadores de las telecomunicaciones, manifestó que se debe modernizar el Código del Trabajo con participación de los trabajadores, para terminar con el despido por necesidades de la empresa.

“No se cumple con la ley de indicar por qué se toma esta decisión. Rara vez los argumentos que presentan los empleadores tienen relación con los ingresos, generalmente es un despido antojadizo”, afirmó.