El miércoles pasado se presentó en el Congreso el nuevo proyecto de ley de parto respetado. La iniciativa es una modificación de la ley de derechos y deberes de los pacientes para incluir un nuevo capítulo que establezca un listado de derechos de las mujeres gestantes durante el parto y el nacimiento, además de contemplar también los derechos de los recién nacidos. Su foco es evitar los maltratos y faltas de respeto en la atención y permite que las mujeres sean las que tomen las decisiones respecto de todas las intervenciones que puedan ocurrir durante el proceso.

Que se les informe cuáles son las alternativas para el manejo del dolor –farmacológico o no-, que puedan estar acompañadas en todo momento durante el trabajo de parto, que tengan el derecho a elegir la posición del parto, que sean informadas de los procedimientos y las intervenciones. Ese debería ser el foco, según indica Gonzalo Leiva, director del Observatorio de Violencia Obstétrica. “El espíritu del proyecto es entregarle más autonomía y determinación a las mujeres”, dice.

Pero hay otro sector que evidentemente no se ha cuadrado con la promoción del proyecto: el Colegio de Matronas y Matrones de Chile.

En 2014 fue la primera vez que la violencia obstétrica se discutió a nivel gremial, en el XI Congreso de Matronas y Matrones llevado a cabo en la ciudad de Temuco. En el espacio, el comité científico determinó que debiese ser un objetivo de la matronería evitar cualquier tipo de violencia de género, incluida la obstétrica. Fue el primer momento en el que se reconoció formalmente dicho concepto, que ha sido desconocido en reiteradas ocasiones por la presidenta del Colegio, Anita Román. La dirigenta gremial, ese mismo año, declaró a Diario y Radio Universidad de Chile que “me parece injusto que se diga que nosotras somos las culpables de la violencia obstétrica, cuando el gran culpable es el Estado de Chile”. Si bien lo que afirma puede tener cierto nivel de verdad, pero las personas que trabajan en las instituciones son dispositivos del Estado. El individuo también ejerce la violencia, y eso no exculpa de responsabilidades al Estado.

A fines de noviembre El Mercurio publicaba un artículo sobre la temática en la que Román, señalaba que “en Chile no existe violencia obstétrica”. Luego agregaba: “probablemente pasaba hace 30 años, pero es algo en lo que hemos avanzado”. Sobre la posibilidad de una ley al respecto, y sobre las organizaciones que la empujaban, opinaba lo siguiente: “eso es populismo y demagogia. Estos grupos buscan influenciar respecto de algo que ya no pasa en el país”.

La defensa corporativa del gremio ha sido intensa. A pesar de eso, al día siguiente Román tuvo que rectificar los dichos enviando una carta al director del medio. En la misiva señalaba que “lo que hemos dicho como gremio es que no nos parece acuñar, bajo el concepto de “violencia obstétrica”, cualquier situación que parezca irregular o que pueda atentar contra la integridad de la mujer y su hijo/a que está por nacer, y que hay lamentablemente algunos colegas que han enarbolado esta consigna como una forma de atacar a sus propios pares”.

En la carta, además, aclaraba que “hay un afán en insistir en nuevas leyes al respecto, existiendo ya normas y reglamentos que sancionan la mala praxis, y por eso hemos dicho que anunciar acciones contra la llamada “violencia obstétrica” suele caer muchas veces en el populismo y no en un real interés de mejorar la profesión desde lo gremial y colectivo”.

El proyecto ha sido elaborado e impulsado solo por organizaciones de la sociedad civil. Una de las que ha ocupado un rol importante es la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento. Natasha Toledo es miembro de la institución y es crítica con el papel que ha jugado el Colegio en este debate: “No ha jugado ningún papel. El Colegio no ha mostrado disposición para trabajar el tema. Ha habido un rechazo importante respecto de todo lo que contemplan leyes para regular esto, por lo tanto por ahora ellas no solo no han participado, sino que han tratado por todos los medios que esto no se legisle”.

Pero, ¿qué motivaciones podría tener Román y compañía para obstaculizar un proyecto como este?

Desde organizaciones vinculadas al proyecto aseguran que esto tendría que ver con miedos infundados a proceso de sumario que pudieran abrirse. Lo cierto es que el proyecto que entra hoy al Congreso no contempla la penalización de las malas prácticas, sino solo ofrece un abanico de derechos que a las mujeres se les vulnera antes, durante y después del parto. Asimismo, actualmente existe una normativa vigente que permite abrir sumarios administrativos a las instituciones que sean denunciadas por pacientes que recibieron maltratos o una atención poco digna.

“Ese evidentemente es un miedo que existe desde el Colegio, pero es completamente infundado. Hoy, si hay algún mal resultado materno o fetal, o si alguna mujer denuncia, la ficha debe ser revisada y la denuncia contestada en menos de 15 días hábiles. Estos temores son basados en la desinformación. Siempre estuvieron súper cerradas para que no se presente. De hecho, ellas mismas hicieron lobby un día antes al 8 de marzo para que el proyecto no se presentara. El foco acá no está en el castigo a los equipos, sino que en que las instituciones modifiquen sus culturas, sus procesos, y su atención. No busca castigar equipos, de hecho las sanciones son para las instituciones”, aclara Gonzalo Leiva.

Daniel Melo (PS) fue el diputado que acogió la demanda de las organizaciones y que facilitó su ingreso al Congreso. Si bien el parlamentario intenta eludir la polémica, de todas formas alcanza a dar luces del episodio vivido a comienzos de marzo:

– No hubo diálogo con la dirigencia del Colegio. Por eso insisto, nosotros el trabajo que realizamos fue directo con las agrupaciones de la sociedad civil, en la cual participan matronas, médicos y también activistas. Hubo un intento de parte de la Coordinadora por ingresar un proyecto de ley a través del Senado, pero en ese momento, producto de un conjunto de presiones, el senador Lagos y la senadora Goic decidieron no ingresar el proyecto.

– Las presiones, ¿de qué sectores emanaban?

– Entiendo que desde los gremios.

El proyecto, un par de meses antes del 8 de marzo, estaba prácticamente cocinado. “La asesora de Lagos Weber, en enero, nos había dicho que el Colegio de matronas había pedido una reunión con ellos y que la Anita había sido súper violenta, amenazando al propio senador. El tira y afloja lo hacía con el apoyo que hizo el Colegio a la ley de aborto, porque es cierto que el Colegio tuvo un apoyo absoluto al proyecto de las 3 causales, y aparentemente con eso ella muñequeó. La asesora en ese momento nos dijo que no nos preocupáramos, que el senador la había puesto en su lugar y le dijo que era un proyecto de la sociedad civil, y listo, seguimos trabajando. El 7 de marzo la asesora nos dice: ‘La Anita Román lo logró. Convenció a la senadora y al senador de no presentar el proyecto’. Qué favores le deben o qué amenazas habrán existido, lo desconozco”, dice una fuente que participó en la elaboración del documento.

Anita Román reconoció en el Congreso de Estudiantes de Obstetricia, en agosto de este año en Temuco, que sí, que el Colegio había intercedido por no considerarlo un buen proyecto.

En Diario y Radio Universidad de Chile intentamos entrevistar a Anita Román, sin embargo, recibimos su negativa por “no querer seguir polemizando con el tema hasta nuevo aviso”.