El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció esta tarde en La Moneda que el Gobierno está dispuesto a realizar modificaciones a la justicia militar, así como una reforma a la polémica Ley Antiterrorista.
“Vamos a enviar una gran reforma para perfeccionar nuestra Ley Antiterrorista. Por una parte, es muy importante que las sociedades tengan el mejor instrumento legal que sea posible para defenderse del crimen terrorista (…), pero también vamos a buscar el diálogo para perfeccionar esas normas en lo tocante a la definición de nuestros tipos penales”, afirmó el jefe de gabinete.
Con esto, Hinzpeter adelantó el envío de dos proyectos de ley al Congreso: uno durante la próxima semana que modifica y “acota la jurisdicción de la fiscalía y la justicia militar a los casos en que efectivamente corresponde”; y otro que reforma al Ley Antiterrorista definiendo mejor los delitos que sancionará.
Las declaraciones se producen cuando 32 presos políticos mapuches cumplen más de cincuenta días en huelga de hambre en tres penales del sur del país en rechazo a la aplicación de la Ley Antiterrorista en sus casos y al doble juicio, civil y militar, que deben enfrentar, entre otras demandas que apuntan al debido proceso y al trato al interior de las cárceles.
Al respecto, el secretario de Estado hizo un llamado a los presos mapuche a deponer la huelga de hambre “que pone en riesgo su vida, y la vida es el valor más importante que todos debemos proteger. Proteger la vida no es un cometido que corresponda exclusivamente al Gobierno”, dijo.
Al tiempo que emplazó a los comuneros a terminar con las acciones de violencia en el marco de las reivindicaciones territoriales. “Tenemos el derecho y la obligación ética de vivir en una sociedad en paz, por eso es importante que nos comprometamos a deponer la violencia”, sostuvo Hinzpeter.
Pese al cerco comunicacional de los medios masivos sobre esta huelga, en los últimos días senadores, diputados, autoridades eclesiásticas y de la sociedad civil, además de representantes internacionales, habían manifestado la necesidad de atender a la situación y demandas de los presos políticos mapuche.
Según se desprende de esta noticia el gobierno sigue y seguira reaccionando a las huelgas, manifestaciones publica de grupos interesados en una determinada materia o a la crítica de la oposición, pero no cumple lo prmetido en la campaña. De esta forma pereciera que la Concertación sigue gobernando desde las sombras, faltaría el camino propio de la Alianza.
Curiosamente hoy se dio a conocer a traves de los medios de comunicacion el asunto “AMENAZAS ANITISEMITAS”. Se sabe que las acciones terroristas, extremistas etc. han sido en CHile albergadas por lo que hoy se conoce como Oposicion. Y se sabe que la derecha no alberga ese tipo de actuares. Sin embargo (ademas de la practica Social para solucionar estos problemas) el problema antisemita se le atribuye a movimientos neonazis y por tanto “relacionados” con la derecha. Podria esto entrometerse en proyectos de ley como el antiterrorista u otros ????????
[...] Extraido de Radio Universidad de Chile [...]
No seria posible, hacer un reportaje en la carcel a los presoso politicos Mapuches? Sé que estar bajo la acusación de terrorismo, implica casi un total aislamiento. Pero pienso que es papel de los medios romper ese aislamiento, es deber de los medios desobecer una arbitraria clasificación, como es la que se le ha dado a los Mapuches en lucha. Si estos ciudadanos peligran susu vidas lo menos que podrian hacer los medios es presionar para poder mostrar la situación real por la que están pasando a la opinión publica…
Para los politico, Liderazgo y su influencia,
De acuerdo a las leyes de la naturaleza , no debes maltratar a nadie; todos los seres del mundo tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera.
si así lo hicieras mañana te quitarán algo de más valor.
Con mis respeto al pueblo mapuche, le envío algo de su historia de lucha, por sus ideales,
y Dios los bendiga,……
la reorganización mapuche hasta el Régimen Militar
En la siguientes generaciones de mapuche, emergieron diferentes organizaciones, tales como la Corporación Araucana de Venancio Coñoepan, Federación Araucana de Aburto Panguilef, la Sociedad Caupolicán y la Unión Araucana de Antonio Chiwailaf. Entre estas organizaciones mapuche existían diferentes posiciones, desde el tradicionalismo hasta el catolicismo asimilacionista, pero todos compartían la idea de recuperar las tierras usurpadas para poder conservar la cultura propia. De esta manera el “movimiento mapuche” ingresó a la escena pública chilena, entremezclándose con la política y sus partidos; aunque siempre conservando su especificidad. Este proceso llegó a su clímax a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970.
La crítica radical al statu quo por parte de vastos sectores de la sociedad chilena, permitió a los mapuche incorporarse con sus demandas por la tierra. Fue así como en 1969 comenzaron las tomas de tierras reclamadas por los mapuche en la provincia del Cautín, proceso conocido como “el Cautinazo”.
Con el proceso de Reforma agraria acelerado por el gobierno de Salvador Allende, muchas comunidades mapuche se radicalizaron e iniciaron una inédita recuperación de tierras, al margen de los programas de gobierno. Hacia 1972, los latifundistas afectados se organizaron en los comités de retoma, grupos paramilitares armados que fueron perseguidos por el gobierno mediante la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Régimen Militar y el Acuerdo de Nueva Imperial
La Dictadura Militar fue cruenta en la Araucanía, donde cientos de personas desaparecieron o fueron torturadas. Las organizaciones reaparecieron hacia 1978, como reacción al Decreto Ley 2675 que liquidaba la figura jurídica de la propiedad comunal sobre la tierra, último resguardo sobre sus propiedades, y además la calidad de indígena de sus ocupantes. Surgieron así los Centros Culturales Mapuche, única forma[cita requerida] de organización permitida por la dictadura, que más tarde darían paso a la organización Ad Mapu.
Desde 1978 en aplicación del artículo 25 del decreto ley Nº 2.568, de 1978, se dispuso la ampliación de las tierras indígenas, traspasando a 2.639 indígenas un total de 51 predios agrícolas durante el período, que eran propiedad del Fisco, SAG, ex CORA, CORFO y CONAF, con una superficie total de 113.342,07 hectáreas. Con la aplicación de dicha normativa, desde 1978 a 1990 se entregaron, en total, 69 mil 984 títulos de dominio individual a los indígenas, y en virtud de las demás disposiciones de ese texto legal y las nuevas tierras traspasadas, se completaron 72.931 títulos de dominio.[cita requerida]
Relación con los gobiernos de la concertación
Recién comenzada la década de 1990 y vuelta parcialmente la democracia, el Consejo de Todas las Tierras llevó a cabo varias tomas ilegales simbólicas de tierras ancestrales mapuche en manos de privados.[cita requerida] La respuesta del gobierno fue el requerimiento de aplicación de la Ley de En 1993 se aprobó la Ley de Desarrollo Indígena 19.253. Sin embargo, la nueva institucionalidad que consagraba operó con la cooperación de los principales referentes mapuche hasta que en 1997 sobrevino una nueva crisis. La empresa ENDESA España comenzó la construcción de una segunda central hidroeléctrica en la zona del Alto Bío Bío (con el nombre de Ralco). Algunos[¿quién?] de los mapuche-pehuenche que habitaban la zona se negaron a abandonar sus tierras, amparados en la nueva legislación que exigía la autorización de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI) para poder permutar tierras indígenas. Ante la negativa de este organismo gubernamental a aprobar dicha permuta, por ser atentatoria contra los derechos de los pehuenches,[cita requerida] el Presidente Eduardo Frei destituyó al director de la CONADI y a la autoridad ambiental que también se oponía el megaproyecto. De esta manera, se inundaron miles de hectáreas de tierras y sitios sagrados[cita requerida] para el pueblo mapuche-pehuenche de una manera totalmente autoritaria.
Al mismo tiempo, en los valles centrales comenzaba la explotación de las plantaciones forestales sembradas a mediados de la dictadura, en predios que habían sido recuperados por los mapuche durante el gobierno de Allende, pero que posteriormente pasaron a manos de grupos económicos.[¿quién?] Los intereses de las grandes empresas madereras que explotan plantaciones forestales en territorio mapuche; el temor de los agricultores que explotan predios considerados como usurpados por las comunidades mapuche; y el aumento de la violencia hacia fines de los años 1990 en la zona, motivó al Senado a expresar en un informe su preocupación por la grave amenaza a la seguridad jurídica en la zona del conflicto (S 680-12). Sin embargo este informe ha sido[¿quién?] cuestionado[cita requerida] ya que contiene declaraciones de más de 15 agricultores afectados y sólo de un representante mapuche y porque el informe no ahonda en las causas del conflicto.
Durante el gobierno de Ricardo Lagos la respuesta estatal al conflicto mapuche, adquirió dos principales vías. Por un lado a través de la aplicación de la ley contra las acciones ilegales y violentas de los activistas mapuche, cuyo momento más critico ocurrió en 2002, durante una ocupación ilegal de tierras en el Fundo Santa Alicia en la comuna de Ercilla, Provincia de Malleco, el joven comunero Alex Lemun Saavedra perdió la vida por la acción de Carabineros de Chile, quienes hicieron uso de escopetas antimotines cargada con balines de plomo. Por otro lado, mediante una operación de inteligencia llamada “Operación Paciencia” dirigida desde la Sub Secretaría del Interior presidida por Jorge Correa Sutil se sindicó a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco, como una organización de carácter terrorista y fue perseguida como tal, encarcelándose a sus dirigentes. Ejemplos paradigmáticos de estos juicios fueron el llamado “Caso Loncos” -donde los Lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin fueron condenados a 5 años y 1 día de prisión por “amenaza de incendio terrorista” y el “Caso Puluco-Pidenco” -donde cuatro comuneros fueron condenados a 10 años y un día de prisión por “incendio terrorista”.
Estos juicios han sido denunciados por la Organización de Naciones Unidas, a través de su Relator Especial para Pueblos Indígenas Rodolfo Stavenhagen, y por organizaciones como Amnistía Internacional, que los denuncian como juicios que presentan una legalidad cuestionable. Los hechos fueron denunciados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por infracción al debido proceso, entre otras razones, consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Este órgano decretó la admisibilidad de la denuncia.[71]
Por su parte, en marzo de 2007, el Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de la supervigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en sus observaciones al informe de Chile, también denunció las prácticas criminalizadoras contra el movimiento social mapuche. En este sentido, instó al Estado chileno a modificar la Ley N° 18.314 (conocida como ley antiterrorista). Además, en relación a los artículos 1 y 27 del Pacto, el Comité lamentó la información de que las “tierras antiguas” continúan en peligro
En marzo de 2006 4 de los 9 presos mapuche condenados por ley antiterrorista iniciaron una huelga de hambre indefinida, que alcanzó más de 62 días sin lograr que el gobierno de Michelle Bachelet acceda a revisar el polémico juicio llevado a cabo bajo el gobierno de su antecesor.[cita requerida]
En 2007 muchos grupos mapuche[¿quién?] no han renunciado a sus demandas territoriales y muchas de sus organizaciones[¿quién?] exigen autonomía para sus territorios, devolución de sus tierras y más oportunidades de representación política.[cita requerida] En octubre de 2007 año se[¿quién?] inició una nueva huelga de hambre; que finalizó sin que el gobierno chileno haya dispuesto la mesa de negociación demandada por los huelguistas.
En el año 2008, ejerciendo el cargo de Jefe de Estado Michelle Bachelet Jeria, Matías Catrileo (n. 11 de septiembre de 1985 – † 3 de enero de 2008), estudiante de agronomía, chileno de origen mapuche, muere el 3 de enero de 2008 , cuando una subametralladora Uzi perforó por la espalda el pulmón. Matías Catrileo se encontraba participando de una ocupación ilegal de un fundo de propiedad privada que las comunidades mapuche reclamaban como territorio ancestral, razón por la cual, la fuerza pública fue llamada a actuar.
Tras los hechos el carabinero sindicado como el autor del asesinato fue encarcelado mientras se realizaron las investigaciones pertinentes.[74] Se[¿quién?] han elevado críticas[75] en contra del fiscal militar, José Pinto Aparicio, que investiga la causa por ser el mismo que indagó acerca del asesinato de Alex Lemún el año 2002, que permanece impune, pues la causa fue sobreseída por la Corte Marcial en 2004.[76]
señor ministro Rodrigo Hinzpeter
Liderazgo y su influencia,
El primer paso, es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida,
De acuerdo a las leyes de la naturaleza ,es que no debes maltratar a nadie; todos los seres del mundo tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera,
si así no lo hicieras mañana te quitarán algo de más valor.
El tercer paso, es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres, es decir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente; si piensas que eres capaz, haz lo que te propones; si piensas que eres cariñoso, expresa tu cariño; si piensas que no hay obstáculos que no puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrlas
mi opinión es ipso facto de pensamiento, por el pueblo mapuche,
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[...] 31 de agosto Hinzpeter declara que es necesario perfeccionar la ley antiterrorista. Se abre el primer frente para abordar la huelga. VER NOTICIA >> [...]
[...] 31 de agosto Hinzpeter declara que es necesario perfeccionar la ley antiterrorista. Se abre el primer frente para abordar la huelga. VER NOTICIA >> [...]