Las elecciones primarias han quedado en entredicho dadas las últimas decisiones tomadas por los pactos políticos tradicionales de no realizarlas, especialmente a nivel parlamentario. Analistas plantean falta de voluntad política y capacidad de movilizar electorado como las grandes responsables.
La decisión del Servel de simplificar el proceso de refichaje para los partidos tradicionales que se han visto complicados para alcanzar los 18 mil militantes en sus padrones fue calificada como “un traje a la medida” por parte de las colectividades emergentes. “Es la guinda de la torta a la crisis de legitimidad de la política” señalaron desde Revolución Democrática.
La reciente nominación de Joaquín Lavín como candidato a alcalde por Las Condes generó cuestionamientos no sólo desde fuera del gremialismo, sino que desde la propia militancia del partido quienes criticaron el “hermetismo” con que se tomó la determinación. En tanto, analistas hacen énfasis en la persistencia de las malas prácticas que este tipo de situaciones evidencia.
El alto porcentaje de abstención en las últimas primarias municipales tendría un problema de fondo: el descrédito de la clase política y una ciudadanía desencantada de la democracia de la Transición, que no ve en el voto una posibilidad certera de cambiar el orden de las cosas.
Analistas políticos identificaron los principales factores que inciden en una potencial sobrecarga del Servicio Electoral en sus labores fiscalizadoras de los procesos electorales, al experimentar cambios internos paralelos a la aplicación de nuevas leyes que buscan fortalecer la democracia.
La Comisión de Hacienda aprobó una indicación que acota las precampañas sólo a las candidaturas presidenciales, dejando sin regulación a parlamentarios, alcaldes y concejales. El ex integrante de la Comisión Engel, Álvaro Castañón señaló que “corresponde que la Comisión de Hacienda retome el rumbo”.
Expertos valoraron las sanciones que el Parlamento está legislando para evitar nuevas situaciones de este tipo, sin embargo, ponen el acento en generar castigos aún más disuasivos, así como la necesidad de que el Estado regule de manera eficaz la relación público-privada.
En una ceremonia en el Palacio de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet presentó a la Comisión Asesora Presidencial que deberá realizar propuestas, en no más de 45 días, para regular la relación entre el dinero y la política, en medio de los llamados casos Penta y Caval, que han remecido a la clase política las últimas semanas. Eduardo Engel será el presidente del consejo asesor.
