Después de la bochornosa actuación del diputado UDI Ignacio Urrutia, y el retiro de la iniciativa del bono reparatorio para los ex presos políticos, las organizaciones de víctimas han activado distintas líneas de acción. Mientras los parlamentarios van tras los pasos del ministro de Justicia, Hernán Larraín.
En dos años el Estado destinó más de $6 mil millones para pequeños y medianos empresarios que han perdido bienes en ataques incendiarios. Los requisitos son ser propietario del material afectado y tributar en primera categoría, ni siquiera un proceso judicial acabado.
Fueron diversas instancias de diálogo y que tuvo el Gobierno con las víctimas de prisión política y tortura, en las cuales se comprometieron varios puntos de un petitorio que el Ejecutivo no cumplió. Las distintas organizaciones insisten en que, al menos, se concreten algunas medidas que sólo necesitan de una firma.
La mesa de diálogo con el Ejecutivo se ha visto entrampada por lo que acusan es una falta de voluntad, por lo mismo esperan realizar las últimas manifestación en lo que queda de mandato a Michelle Bachelet para conseguir alguna medida concreta antes de que inicie el período de Sebastián Piñera.
El Comando Unitario de Ex Presos Políticos expresó que incluso el bono que había prometido el ministro del Interior, Mario Fernández, no será entregado.
La mejora de las medidas de reparación, así como el secretismo en torno a la Comisión Valech I, siguen siendo temas sin resolver por parte de Gobierno de Michelle Bachelet. En ese contexto, las organizaciones acudirían a la Corte Interamericana para concretar una demanda.
Luego de las declaraciones del ex presidente, donde comparó el secreto Valech con los archivos que resguardó la Vicaría de la Solidaridad en dictadura, Nelly Cárcamo de la Unión de Ex Presos Políticos corrigió al ex mandatario en que la organización que protegió a perseguidos políticos guardaba información para que no cayera en manos de la CNI.
Por más que en el debate se consigna que se desclasificaría la información entregada por víctimas de tortura, la iniciativa es criticada por organizaciones de derechos humanos por limitar los testimonios tan sólo a Tribunales. Acusan que la verdad sobre estos casos, como los nombres de los torturadores, no verá la luz pública.
Un grupo de cien víctimas de la dictadura cívico militar presentó dos recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pretenden que la Presidenta Michelle Bachelet se pronuncie sobre el “silencio administrativo” del Estado, que nunca notificó de manera formal los motivos por los cuales quedaron sin reparación.
Tres meses han transcurrido desde que las organizaciones se tomaran la sede central del organismo exigiendo mejores pensiones y el levantamiento del secreto de la Comisión Valech I. Acusan que la entidad no se ha posicionado como actor relevante en la defensa de sus solicitudes al gobierno.
Los dirigentes de las agrupaciones de ex presos políticos fueron informados que el encuentro de suspendía dos horas antes de que se concretara. Desde el Ministerio del Interior argumentaron que la política de reparación de Hacienda era insuficiente, por lo que la reunión no se realizaría.
El organismo consideró admisible las demandas realizadas por la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile que acusa de negación de justicia e impunidad de parte del Estado de Chile, hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Más de veinte asociaciones de ex presos políticos iniciaron una toma indefinida de las sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las agrupaciones exigen el cumplimiento de un petitorio de diez puntos, entre los que se encuentra el fin a los cincuenta años de silencio e impunidad sobre las torturas y crímenes de la dictadura, que los beneficios obtenidos se hereden y la homologación de las reparaciones.
A través de una carta enviada al ministro del Interior, Mario Fernández, diversas agrupaciones de ex presos políticos pidieron que se concrete el inicio de la Mesa Técnica comprometida por el Gobierno que analice e implemente las políticas de reparación que demandan del Estado.
Más de 90 días llevan los ex presos políticos en huelga de hambre, con la cual apuntan a presionar al Gobierno para que mejore sus pensiones, así como el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS). Mientras, el Ejecutivo les condiciona las negociaciones a que las agrupaciones aúnen sus demandas.
En casi tres décadas, Chile ha exportado un discurso sobre Derechos Humanos que, para los ex presos políticos, sólo se ha quedado en la retórica y mantiene una deuda con esa parte de las víctimas que no tiene apellidos rimbombantes, no es parte de cúpulas políticas ni tampoco pertenece a los llamados “casos emblemáticos”.
Más de 50 días sin ingerir alimentos llevan los ex presos políticos que esta semana expusieron sus demandas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y amenazan con iniciar huelga seca si no son atendidos por el Gobierno.
