La directora ejecutiva de Fundación Terram criticó la ausencia de una institucionalidad que resguarde la biodiversidad chilena y se refirió a la propuesta de diversas organizaciones de crear una “agencia de áreas protegidas”.
La medida de contingencia, que sale al paso de los desastres ocurridos con los incendios a comienzos de año, fue criticada por Manuel Llao, consejero de la Conadi y dirigente mapuche, quien afirmó que el plan no se hace cargo de las demandas históricas de una parte del pueblo como, por ejemplo, la recuperación de bosque nativo en terreno de cultivos exóticos.
Especialistas y organizaciones ambientales señalaron que falta coordinación entre los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente para enfrentar la restauración de las zonas afectadas por los incendios forestales. Desde el Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codef) señalaron que se debe priorizar un plan estratégico proyectado a no menos de cincuenta años.
Diversas comunidades del país, afectadas por desastres ambientales causados por empresas, se dieron cita en Puchuncaví para poder analizar el escenario de contaminación que sus habitantes deben vivir. Junto con valorar la inciativa, declararon su rechazo a este tipo de actividad económica e industrial y a la construcción de termoeléctricas a lo largo del país.
El Gobierno debe presentar indicaciones a la iniciativa para que continúe con su trámite legislativo. Al tiempo que la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, identificó descoordinaciones con el Parlamento.
Indignados están organizaciones ciudadanas y ambientalistas de la Región de Aysén ante la decisión del Comité de Ministros que resolvió este lunes mantener la aprobación del proyecto “Central Hidroeléctrica Cuervo”. Esto por cuanto el proyecto se ubicaría en una zona sísmica e impactaría fuertemente al medioambiente. Frente a esto, anunciaron que “demostrarán la ilegalidad del proyecto en los Tribunales Ambientales”.
Aunque valoran el anuncio que convierte a Chile en el país con la mayor área marina protegida del mundo, los ambientalistas manifiestan su preocupación por el trámite el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, hoy estancado en el Parlamento.
El Gobierno presentó un proyecto de ley que congela hasta 2020 las concesiones en las regiones de Los Lagos y Aysén y relocaliza concesiones situadas en parques nacionales de la región de Magallanes. Sin embargo, organizaciones critican que éste no asegura condiciones saludables ni a favor del medio ambiente.
Intensa ha sido la campaña comunicaciones emprendida por las empresas generadoras para criticar la decisión del comité de ministros de rechazar el proyecto hidroeléctrico HidroAysén. Ambientalistas y académicos concuerdan en señalar que el sector privado ha creado mitos entorno a las energías renovables no convencionales.
La Cuenta Pública también consideró anuncios de modificación al Código de Aguas, los que fueron bien recibidos por agrupaciones ecologistas, pero que de todas formas advierten sobre las dificultades de estos cambios y las resistencias que estos encuentran en algunos sectores.
Las preocupaciones surgen luego que la Superintendencia del Medio Ambiente objetara cuatro estaciones de monitoreo en la Región Metropolitana, lo que para los académicos y representantes de organizaciones ciudadanas estaría desvirtuando la información y poniendo en riesgo la credibilidad del proceso.
Este martes comienza a funcionar el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). La normativa busca dotar el servicio de una mayor credibilidad ante la ciudadanía. Sin embargo, el reglamento ha recibido críticas, principalmente de los dirigentes indígenas, porque establece procedimientos para regular la Consulta a los Pueblos, pero también existen una serie de reparos que generan la preocupación de técnicos y ambientalistas.
