En medio de una nueva reunión del Grupo de Lima y del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por parte de algunos países de la Unión Europea; en Chile, los abogados Roberto Ávila y Eduardo Contreras exigieron a Contraloría una investigación por supuestos pagos por honorarios de Cancelería de Chile a Guarequena Gutiérrez.
Esto, en el marco de la acusación de red de tráfico de drogas que hay en la Municipalidad de San Ramón, que inculpan a la propia querellante y su hermano, el alcalde del municipio, como parte del negocio. Para el abogado Roberto Ávila, las acusaciones forman parte de un montaje.
El diputado socialista, Leonardo Soto, planteó la sospecha y dijo que “si esta red funciona hace años, probablemente es mucho más grande”. Desde Chile Transparente, por su parte, afirmaron que ya se veía que la institución policial iba mucho más allá del “Pacogate”. “(Es) un asunto sistémico, no solamente encapsulado”.
El abogado Roberto Ávila presentará una acción judicial para decretar la nulidad de la norma aprobada en el año 2000 y que otorga una millonaria remuneración mensual a los ex mandatarios. Sebastián Piñera por este concepto ha recibido 832 millones de pesos en los últimos cuatro años.
El abogado relató el actuar del militar en retiro durante su paso por el Regimiento Cazadores en Valdivia. En el lugar habría participado en torturas directas contra opositores al régimen, entre ellos, en las que aplicaron a sus nueve defendidos.
El abogado querellante del Caso “Jubilazos” se refirió a la acción que formuló en contra de siete ex oficiales de las Fuerzas Armadas y todos quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco. Esto, luego de que se conocieran los casos de funcionarios que recibían pensiones de invalidez de segunda clase.
La acción presentada por el abogado Roberto Ávila fue interpuesta en contra de todos quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco.
El Ejecutivo anunció un proceso de suspensión de pagos a supuestos falsos exonerados políticos y advirtió que se pedirá asesoría a Contraloría para que especifique cómo proceder ante casos prescritos. Desde la oposición, en tanto, sostienen que las irregularidades son mucho menores a las que cuantifica el gobierno.
