Dirigentes mapuche y aymaras recurrieron judicialmente en contra de la mandataria y el ministro coordinador de Asuntos Indígenas  por  no respetar el Convenio 169 de la OIT el enviar el proyecto para crear esta institucionalidad sin consultarlo con las etnias. Desde el gobierno aclararon que este proceso sí se realizó.

El 15 de septiembre entró en vigencia en nuestro país el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece la obligatoriedad de consultarles a los pueblos originarios antes, durante y después de la realización de un proyecto que los afecte.

Pero a casi un mes de este hecho, para el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, el gobierno no ha respetado este articulado, especialmente al enviar al Parlamento el proyecto de ley que crea el ministerio de Asuntos Indígenas y otras instituciones, sin consultar a los pueblos originarios, por lo que ingresó un recurso de protección contra la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro Coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo.

“Esto nos parece extremadamente grave, que teniendo tres semanas el convenio 169 en Chile sea transgredida la columna vertebral de este instrumento, que se refiere a la consulta y el consenso, toda vez que afecten a los pueblos indígenas y sus derechos”, señaló.

Hortensia Hidalgo, dirigenta del Consejo Autónomo Aymara de Arica, quien también firmó el recurso en contra de Bachelet y Viera Gallo, señaló que el gobierno ha actuado arbitrariamente al presentar el proyecto al Parlamento sin consultarles, contraviniendo lo que plantea el convenio de la OIT y lo que establece Naciones Unidas en materia de participación indígena.

“Todas las cosas que se plantean deben ser desde una visión de compartir las ideas con las comunidades indígenas y sus organizaciones, y no lo han hecho. Eso para nosotros es que se está faltando, precisamente, a lo que acaba de entrar en vigor,  además  que contradice también la declaración de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas que también hablan de la consulta que es un factor fundamental para todas las políticas indígenas”, afirmó.

Para la vocera de gobierno, Carolina Tohá, los organismos del Estado están dispuestos a aclarar las inquietudes de cualquier ciudadano, aunque precisó que el Ejecutivo ya impulsó una consulta, incluso, antes de que el convenio de la OIT entrara en vigencia en el país.
También, agregó la vocera, el propio ministro Viera Gallo anunció otra consulta para conocer la opinión de los pueblos originarios respecto a la nueva institucionalidad que se quiere generar en esta materia con el proyecto de ley presentado en el Parlamento, recordó.

 “Si Aucán Huilcamán tiene dudas sobre esto o cualquier otro actor le parece que la interpretación del convenio es distinto, está en su derecho de plantearlo ante los organismos respectivos, pero en eso el gobierno no quiere generar dudas ni temores respecto a lo que la convención representa. Estos debates van a estar, son parte de una democracia y  creemos que es bueno que existan si hay sectores que tienen dudas. Nosotros tenemos la tranquilidad de haber buscado, de buena fe, cumplir incluso desde antes que esta convención estuviera vigente, el gobierno empezó a hacer consultas”, declaró.

Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, establece que la consulta debe realizarse “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Ahora será la Corte de Apelaciones de Santiago la que acepte o rechace tramitar el recurso de protección presentado por las organizaciones indígenas en contra de la mandataria y el ministro, a quienes acusan de no respetar la normativa que impulsaron hasta su aprobación, aunque para algunos fue sólo por el interés de mostrar esta adhesión a la comunidad internacional.