Desconociendo lo prometido, el Gobierno aplica la Ley Antiterrorista para aplacar la ira de los comuneros de la Araucanía que ven pasar los años sin logros sustantivos en sus demandas por tierra y respeto a sus derechos esenciales. Como ha ocurrido en tantos otros episodios, las autoridades imponen la represión para ahogar la justa rebelión de quienes completan siglos de sufrimiento y discriminaciones. A la bota policial que día y noche se ensaña cobarde y brutalmente en Temucuicui y otras comunidades, se suma ahora la arbitrariedad de aquellas normas legales heredadas de la Dictadura que violan flagrantemente el justo proceso y que confina a la cárcel y a la tortura de líderes y combatientes que el mundo reconoce como presos de conciencia. Las imágenes nos dan cuenta del horror provocado en mujeres y niños cuando sus humildes viviendas son asaltadas y destruidas por los “agentes del orden”, cebados esta vez con la sangre mapuche y de los campesinos más pobres del país. El rostro de los voceros oficiales anunciando la aplicación de más “mano dura” nos recuerda a esos enfurecidos subordinados de la Dictadura que también quisieron aplacar con balas y jueces abyectos la movilización social.
Las normas más abusivas de Pinochet son los instrumentos que el actual gobierno aplica en el sur para proteger los intereses de los empresarios de la zona que buscan seguir profitando de las tierras arrebatadas a sus legítimos dueños. Somos testigos de cómo propietarios y funcionarios públicos de coluden para lucrar en la venta y compra de predios que merecen ser expropiados y devueltos, sin más, a quienes se les arrebataron desde aquella “Pacificación de la Araucanía”. Luctuoso capítulo de nuestra historia que ocasionó centenares de muertos y desplazados por una de las masacres político militares más bochornosas que se tenga memoria.
¡Qué incomprensible resulta de nuevo que haya quienes justifiquen y sostengan estas nuevas violaciones a los Derechos Humanos! Es increíble que se denominen socialistas y demócratas quienes tienen el descaro de pisotear la dignidad de nuestros pueblos originarios y servir dócilmente a quienes se enseñorean en tierra ajena. En un voraz cometido que arrasa con nuestras reservas forestales, se apropia y envenena nuestros manantiales, además de aplastar los valores, tradiciones y costumbres de nuestras culturas fundacionales.
Ante tanta arbitrariedad, qué triste resulta comprobar que la ideología sacralizada y el cálculo electoral hagan enmudecer a ciertos políticos y partidos empeñados en obtener cupos parlamentarios y seguir aferrados a las prebendas de administrar el poder en beneficio del silabario autoritario, de los titiriteros fácticos que financian la política y determinan a sus operadores en La Moneda, el Congreso Nacional y los Tribunales. Claro: los pobres y marginados de la Araucanía son parte de esa mitad de la población del país que carece aún de derechos ciudadanos y no ejerce el sufragio. Porque también las leyes políticas heredadas del régimen castrense y consagradas durante la post dictadura se conforman con este régimen tutelado por los dueños del dinero. En que los trabajadores no demuestren interés por convertirse en ciudadanos y se limiten a ser sólo la mano de obra barata que perpetúa uno de los modelos económicos más desiguales de la Tierra.
Como ocurrió en nuestro pasado, es preciso que sean, de nuevo, los humillados, los jóvenes y las nuevas expresiones disidentes de todo el país los que manifiesten su justa rabia y desafíen las leyes opresivas. Ojalá el Bicentenario nos coincida con un país alzado en apoyo de las demandas de nuestros pueblos originarios. Tal como ayer, es necesario que esta movilización encuentre apoyo, también, en el mundo y en sus múltiples referentes humanitarios. Entidades internacionales que deben asumir la inconsecuencia de quienes nos gobiernan, como el descontento que ya derriba los cercos de la información manipulada. Develando la contradicción entre lo que se proclama afuera y lo que internamente ejecutan los herederos del autoritarismo.