A la hora de hacer un balance sobre la destrucción patrimonial, el ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke va mucho más allá y, acusa textualmente que la situación en la que nos encontramos hoy tiene también otras causas de más largo aliento. Textualmente, imputa a “la indiscriminada sepultación de barrios por parte de las constructoras de negocio rápido, la estrechez del discurso economicista por sobre el que confiere real categoría a lo cultural y la laxitud de las autoridades para tomar iniciativa en legislación de protección y conservación, (las que) han terminado por dejarnos hoy en la vereda de esta catástrofe, sin recursos, sin normativas y con una institucionalidad torpe y trunca respecto de nuestro patrimonio”.

Frente a este lapidario diagnóstico extraña que la presente administración haya mantenido en su cargo a personas que trabajaron en los gobiernos recientes en puestos clave y que permitieron llegar a este estado de situación, pero sobre todo, le impone al ministro y a las nuevas autoridades el deber de cambiar de modo definitivo las causas del descalabro patrimonial. La sinceridad de este diagnóstico le obliga a hacerlo ya que de otro modo, en cuatro años más, se le podría acusar a él mismo de no haber puesto fin a los males que aquejan a nuestro dañado patrimonio.

El haber asumido en medio de una emergencia nacional le ha significado al debutante ministro poner sus ojos en lo urgente, lo que es atendible pero lo esencial es que no pierda de vista lo importante.

De la misma manera cómo enfrenta la actual autoridad las graves falencias de la situación patrimonial lo hicieron miembros del Consejo de Monumentos Nacionales, quienes se veían con las manos atadas y las arcas vacías, y que eran silenciados debido a la desidia del aparataje político que no sabe enfrentar las críticas que aunque viniendo de sus mismas filas le obligan una estúpida obsecuencia.

La oportunidad que tiene el actual ministro de cambiar los despropósitos del pasado como de resolver cuestiones de fondo es mucho más grande que lo que él mismo imagina. Por lo pronto, todas las miradas sobre todo de los expertos en imagen, opinólogos culturales y analistas de un cuantohay están puestas en la reconstrucción por lo que la cuestión cultural pasa a ocupar un plano más que discreto, seamos honestos. No hay que olvidar que una de las grandes piedras del zapato de la Concertación fue justamente la cuestión patrimonial, para la que tanto los ex presidentes Lagos y Bachellet anunciaron un Instituto del Patrimonio que gracias a la férrea oposición de importantes figuras concertacionistas, como Marta Cruz-Coke quien de paso es su tía abuela, no vio la luz y menos mal, porque su formulación hacía aguas por todos lados en un cruce de dependencias que hacían imposible una gestión eficiente.

La denuncia sobre las abultadas sumas de dinero giradas a última hora a una serie de fundaciones cercanas a la Concertación, también transparentaron el apoyo que el gobierno de Michelle Bachellet entregó a importantes iniciativas culturales, por lo que  de la misma manera cómo la voluntad presidencial estaba detrás de esos aportes, puede volver a repetirse a la hora de un proyecto patrimonial de largo plazo.

Lo importante sí es no perder las proporciones y aprovechar la coyuntura para resolver otros e importantes problemas. La industria editorial chilena necesita de una rápida, decisiva y clara voluntad estatal para que las compras del Estado la apoyen. ¿Subsidio estatal a la producción nacional? Pues sí, claro que sí, como se hace hoy en Noruega cuyos editores comprendieron ya a mediados del siglo pasado que estaban en peligro de extinción y por ello exigieron a un Estado conciente de la necesidad de la diversidad cultural que la protegiera. Desde 1965, el Estado noruego le asegura un mínimo de ventas para determinados títulos, comprando una parte del tiraje para las bibliotecas públicas. Pero como son aplicados, formaron comisiones que leen todos los libros y seleccionan a los que pueden acceder a este beneficio. Lo que hace el Consejo en definitiva es comprar mil ejemplares de 220 títulos de ficción y mil 500 libros de 130 títulos destinados a los jóvenes. Por supuesto que esto es aparte de las compras que el Estado realiza para sus bibliotecas de manera regular. ¿Qué tiene de especial esta compra? Pues que es una forma de reforzar a una industria editorial nacional  que no puede verse sometida a las reglas del mercado…los noruegos lo entienden bien, ¿por qué nosotros no?

El Consejo del Libro y la Lectura ha estado en permanente crisis. Y parafraseando su diagnóstico patrimonial, habría que decir que en este ámbito enfrentamos “la indiscriminada sepultación de la industria editorial por parte de las editoriales de negocio rápido, la estrechez del discurso economicista por sobre el que confiere real categoría a lo cultural y la laxitud de las autoridades para tomar iniciativa en legislación de protección y conservación, (las que) han terminado por dejarnos hoy en la vereda de esta catástrofe, sin recursos, sin normativas y con una institucionalidad torpe y trunca…”.

La ocasión para dar en el mundo editorial un golpe de timón y que sus criterios se homologuen con los verdaderos encargados de hacer leer a los chilenos, como lo es la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos es una coyuntura terremoteada que puede ser única.