Los más de 500 despidos que se han registrado en las últimas semanas al interior del ministerio de Educación (Mineduc) tienen algo en común: principalmente se trata del desmantelamiento de unidades encargadas de supervisar el traspaso de millonarios fondos a manos de privados.

Inspectores de subvenciones son los principales afectados no sólo en la Región Metropolitana, sino también en otras regiones del país, donde equipos completos han sido desafectados de la repartición pública.

Esta situación, en palabras sencillas, significa que el Estado ha entregado miles de millones de pesos a colegios particulares subvencionados sin ejercer la fiscalización correspondiente sobre el uso de esos fondos.

Es más, desde el ministerio de Educación se ha dado la orden expresa de “no molestar a los sostenedores”, lo que para el presidente de la Asociación de Funcionarios del Mineduc (Andime), Nelson Viveros, no es otra cosa que buscar la desregulación del sistema.

“La idea que tiene el señor Lavín y su equipo de gestión es entregar las platas a los sostenedores privados, dejar que ellos operen libremente  sin ningún tipo de control ni supervisión del Estado y tratar a través de las pruebas Simce medir los resultados educativos. Si hay malos resultados producto de los puntajes que obtengan las escuelas en el Simce, habría intervención respecto a esos colegios que están haciendo malos desempeños, que permitiera  mejorarlos”, señaló Viveros.

Esa intervención se haría a través de la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación, ambos, proyectos que están en el Congreso y que, según Viveros, se basan en el funcionamiento del mercado que trabaja en el ámbito educacional.

De esta forma, los puestos que han quedado vacantes en el Mineduc, no se llenarán, puesto que esa labor ya no pertenecerá al gobierno, sino a un sistema privado.

El sistema que pretende instaurar el ministro Lavín junto al Presidente Sebastián Piñera ya causó los primeros resquemores en el mundo de la educación y prueba de ello, fueron los últimos resultados de la Prueba del Sistema de Medición de la Calidad (Simce).

Asociaciones de Padres y Apoderados, el Colegio de Profesores, estudiantes y otros actores repiten hasta el cansancio que una medición de contenidos estándar para todos los estudiantes del país no es la forma correcta de evaluar la educación chilena.

Así lo manifestó Olimpia Riveros, jefa del programa de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores, quien aseguró que este tipo de pruebas le quitan el piso a la educación pública.

“Somos críticos de los actuales sistemas Simce y PSU que sobre la base de homogenización de los estudiantes aplica pruebas estandarizadas que no consideran el contexto en el cual se desarrolla el proceso educativo. Nosotros creemos que el Simce lo que hace es reducir la educación solo a algunos conocimientos, es competencia desigual, es individualismo competitivo, es violencia hacia niños y educadores, es estrés para estudiantes y profesores, es estandarización de educación, exigiendo lo mismo a niños de realidades diferentes”, afirmó Riveros.

Desde la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados (Amdepa), piden el fortalecimiento de los órganos del Estado para asegurar la calidad de la educación, como indicó su presidente, Ismael Calderón.

“Nos gustaría tener un Estado que cumpla el rol de garante de la Educación, fortaleciendo el Mineduc y mejorando o la fiscalización, y aquí se está haciendo todo lo contrario. Aquí hay una verdadera caza de brujas con los funcionarios del ministerio de Educación y por eso se debilita el rol que tiene que tener este ministerio, no se mejoran las fiscalizaciones, por supuesto, si  muchos de los funcionarios que están siendo despedidos son fiscalizadores”, denunció Calderón.

La otra perspectiva, en tanto, defiende sus intereses. El presidente de los colegios particulares de Chile (Conacep), Rodrigo Bosch, indicó que el Estado debe invertir más recursos en la educación, sobre todo en el sector particular subvencionado que él representa.

“Para que esos aumentos de recursos signifiquen mejoras de calidad, es importante avanzar en el sistema de aseguramiento que fue rechazado hace un mes en el Congreso, porque eso plantea una superintendencia que mejora la fiscalización y una agencia que apoya a los colegios para mejorar. Sin ese motor, el tema de los recursos queda endeble. Aquí hay una pregunta al mundo político de por qué se rechazó esa ley cuando era tan relevante para poder avanzar”, sostuvo Bosch.

Mientras la discusión continúa, los establecimientos públicos municipalizados cada vez bajan más su calidad de educación, lo que obliga a los padres a acudir al sistema mixto o particular para asegurar un futuro más halagüeño para sus hijos, mientras el Estado parece brillar por su ausencia a la hora de garantizar una educación digna para sus ciudadanos.