En la caribeña provincia de Bocas del Toro en Panamá, las negociaciones para finalizar una huelga bananera, a través de un acuerdo parcial al que se llegó la noche del domingo, ha ocasionado una serie de choques armados entre los trabajadores de Bocas Fruit Company y agentes de la Policía Nacional.
Los incidentes son los peores en cien años, alcanzando un registro de dos muertos, 400 heridos y millonarias pérdidas por propiedades incendiadas. El grado de violencia revela el abandono, la pobreza y la discriminación en contra de los indígenas de la etnia Ngöbe-Buglé, población mayoritaria en la zona, que se ha convertido en mano de obra barata para las multinacionales fruteras.
Las paralizaciones fueron suspendidas el domingo, luego que el vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela encabezará la misión negociadora para terminar con el desangramiento y el caos que motivó la aplicación de la Ley 30, que afecta a conquistas laborales.
La decisión posterga la vigencia de algunos artículos de la Ley 30 de 2010, hasta concretar un diálogo nacional, que será ejecutado en un período de noventa días a partir de la firma del acuerdo. Asimismo, el gobierno se comprometió a discutir una política bananera y generar un clima de diálogo en la región.
Sin embargo, en Boca del Toro se estima que la suspensión equivale a “mantener el fuego ardiendo”, pues los trabajadores evalúan continuar con la paralización y las propuestas a pesar del acuerdo.
En la caribeña provincia de Bocas del Toro en Panamá, las negociaciones para finalizar una huelga bananera, a través de un acuerdo parcial al que se llegó la noche del domingo, ha ocasionado una serie de choques armados entre los trabajadores de Bocas Fruit Company y agentes de la Policía Nacional.
Los incidentes son los peores en cien años, alcanzando un registro de dos muertos, 400 heridos y millonarias pérdidas por propiedades incendiadas. El grado de violencia revela el abandono, la pobreza y la discriminación en contra de los indígenas de la etnia Ngöbe-Buglé, población mayoritaria en la zona, que se ha convertido en mano de obra barata para las multinacionales fruteras.
Las paralizaciones fueron suspendidas el domingo, luego que el vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela encabezará la misión negociadora para terminar con el desangramiento y el caos que motivó la aplicación de la Ley 30, que afecta a conquistas laborales.
La decisión posterga la vigencia de algunos artículos de la Ley 30 de 2010, hasta concretar un diálogo nacional, que será ejecutado en un período de noventa días a partir de la firma del acuerdo. Asimismo, el gobierno se comprometió a discutir una política bananera y generar un clima de diálogo en la región.
Sin embargo, en Boca del Toro se estima que la suspensión equivale a “mantener el fuego ardiendo”, pues los trabajadores evalúan continuar con la paralización y las propuestas a pesar del acuerdo.
En la caribeña provincia de Bocas del Toro en Panamá, las negociaciones para finalizar una huelga bananera, a través de un acuerdo parcial al que se llegó la noche del domingo, ha ocasionado una serie de choques armados entre los trabajadores de Bocas Fruit Company y agentes de la Policía Nacional.
Los incidentes son los peores en cien años, alcanzando un registro de dos muertos, 400 heridos y millonarias pérdidas por propiedades incendiadas. El grado de violencia revela el abandono, la pobreza y la discriminación en contra de los indígenas de la etnia Ngöbe-Buglé, población mayoritaria en la zona, que se ha convertido en mano de obra barata para las multinacionales fruteras.
Las paralizaciones fueron suspendidas el domingo, luego que el vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela encabezará la misión negociadora para terminar con el desangramiento y el caos que motivó la aplicación de la Ley 30, que afecta a conquistas laborales.
La decisión posterga la vigencia de algunos artículos de la Ley 30 de 2010, hasta concretar un diálogo nacional, que será ejecutado en un período de noventa días a partir de la firma del acuerdo. Asimismo, el gobierno se comprometió a discutir una política bananera y generar un clima de diálogo en la región.
Sin embargo, en Boca del Toro se estima que la suspensión equivale a “mantener el fuego ardiendo”, pues los trabajadores evalúan continuar con la paralización y las propuestas a pesar del acuerdo.
