Las señales del gobierno son preocupantes. Un grupo de organizaciones a nivel nacional e internacional  calificaron como “serias amenazas ambientales” la proliferación de proyectos mineros de explotación de carbón a rajo abierto, como los proyectados para Isla Riesco en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Los dirigentes rechazaron los emprendimientos de estas minas por sus graves consecuencias ambientales, las que han llevado a que en muchas zonas del mundo como Costa Rica, Argentina y algunos países de Europa, entre otros, se hayan aprobado leyes prohibiendo este tipo de explotaciones.

A esto se suma, dicen, que iniciativas como ésta desafían toda lógica de desarrollo y sentido común y constituyen un retroceso, cuando la tendencia actual en mundo entero se está moviendo desde las fuentes de energía más sucias, como lo es el carbón, hacia fuentes limpias y renovables.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales ( OLCA), llamó la atención por las consecuencias que tiene la población.

“La minería de carbón es altamente riesgosa y contaminante para el medioambiente y las comunidades locales, si se pudiera evitar no se debieran autorizar”, señaló Cuenca.

Desde OLCA agregaron que si bien Chile no tiene compromisos obligatorios en torno a la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), en diciembre de 2009 en Copenhague, se comprometió de manera voluntaria a reducir las emisiones en un 20 por ciento Compromiso ratificado por el actual gobierno.

Con estos antecedentes, las organizaciones demandaron al gobierno varios temas: que el  Estado se comprometa a detener durante al menos cuatro años la evaluación de proyectos en curso y futuros para la extracción de carbón, prohibiendo  las explotaciones a rajo abierto
y que en un período de 48 meses, se legisle en torno a este tema.

En este sentido, las organizaciones chilenas como el Instituto de Ecología Política, Ecoceanos, Ciclo Árbol Vida, Arte y Conservación de Colombia o Fundación Hábitat Verde de Bolivia, entre otras,  abogan por que el Estado se comprometa cuanto antes a implementar la norma de emisión de contaminantes para termoeléctricas.

Asimismo, que durante los próximos años el gobierno dé prioridad a los estudios sobre  estrategias y políticas de desarrollo de las regiones altamente dependientes de  recursos naturales, incluidas sus evaluaciones ambientales estratégicas.