Hasta la Contraloría llegó hoy el diputado de la UDI Gustavo Hasbún, miembro de la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, junto a un grupo de choferes de la empresa Transaraucaria para solicitar una investigación respecto de las irregularidades que han ocurrido en este operador del Transantiago.

Los trabajadores denuncian que la empresa no les ha pagado las cotizaciones previsionales durante 24 meses. Además el diputado Hasbún reclacó que expusieron esta situación a la ex directora del Trabajo, Patricia Silva, pero que nunca exigió que Transaraucaria regularizara la situación ni cobró una multa.

Según Hasbún, la idea es solicitar que la Contraloría investigue tanto su actuar como el rol que pudo cumplir el ex ministro René Cortázar, a quien según los afectados acusan de haber intervenido para evitar que la empresa quebrara.

“Para nosotros existe responsabilidad y complicidad de las autoridades de la época que ampararon este tipo de situaciones, más aún nos parece más grave porque la empresa Transaraucaría, además, tiene la zona G, y a pesar de eso, ningún organismo público le ha exigido que con su patrimonio vaya a cancelar la deuda impaga”, indicó el parlamentario.

En tanto, Osvaldo Arancibia, presidente del sindicato de Transaraucaria, manifestó su molestia por el accionar poco diligente que han tenido las entidades encargadas de fiscalizar el buen funcionamiento del sistema y el cumplimiento de la normativa laboral.

“Las cuatro organizaciones sindicales estamos unidas, todas en un  momento determinado hicieron ver a la Dirección del Trabajo que había que fiscalizar, lo que no se hizo de manera óptima. El ministerio de Transporte debe hacer un informe y debe estar al tanto del traspaso de una empresa a otra, lo que no se hizo y hoy nos está pasando la cuenta esa situación”, señaló el dirigente sindical.

Mientras Hasbún y los dirigentes sindicales realizaban la denuncia en Contraloría, varios chóferes de la empresa Transaruacarias realizaron una protesta en el frontis de La Moneda. Los trabajadores llevan más de un mes en una paralización indefinida de funciones hasta que la autoridad y la empresa acojan sus reclamos laborales.