Al comienzo de nuestra historia, la educación cumplía un rol “en la formación de la virtud cívica de los ciudadanos, de modo de defender a la naciente democracia, dirigirla, hacerla florecer y darle honor”. Luego, fue concebida como un instrumento que daba el orden necesario para la consolidación de la República Conservadora.  A comienzos del siglo XX, la educación era una herramienta de lucha, como lo explicitaba Luis Emilio recabarren en 1912: “ Nuestra batalla ates que en las calles se ha de librar en los cerebros. Nuestra bandera de lucha no es un género rojo, sino el lirbo y el periódico”.

Personajes como Camilo Henríquez, Valentín Letelier, Luis Emilio Recabarren, Andrés Bello y Luis Galdames son pilares fundamentales de un modelo que se consolidó durante el siglo XX pero que cambió bruscamente a partir de la Dictadura militar. Un modelo que se enraizó de manera definitiva a partir de 1980, con la dictación de la Constitución que estableció que a partir de entonces el Estado sólo tendría un rol subsidiario dejando de ser el garante de la educación en Chile.

La crisis educativa es hoy una herida que sangra sin parar. Los diagnósticos son claros y concisos, y sin embargo, el modelo se mantiene. ¿Qué se puede hacer?

El Estado, un padre ausente

El cambio del rol del Estado ha sido crucial. Cuando gran parte del siglo XX lo concebía como “gobernar es educar”, como lo señalaba  Valentín Letelier y que luego adopta Pedro Aguirre Cerda, su preocupación se centra a partir de 1980 en defender la libertad para “abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”.

El gobierno militar inició entonces un proceso de municipalización y privatización basado en un sistema de financiamiento a través de la subvención a la demanda. Ya a fines de la década de los 80´, se había consolidado un sistema de educación mixto, público y privado que traería consigo graves problemas de calidad y equidad. Como broche de oro en 1990, la Dictadura promulgaba entre gallos y medianoche, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE, que vino a encadenar legalmente el modelo.

Pocos se dieron cuenta, de que en medio de la alegría que había llegado se profundizaba el  legado dictatorial heredado a través de los que se constituirían en los pilares de nuestro modelo educacional imperante: la creación del financiamiento compartido, la posibilidad de elección de las escuelas por parte de las familias y la potestad de las privadas para seleccionar a sus alumnos.

Los estudiantes que salieron a las calles el 2006 para protestar por la LOCE, debieron conformarse en la práctica, sólo con una Ley General de Educación, LGE, que fue más bien un cambio nominal que una nueva ley que implicara por fin, el término de la inequidad y la desigualdad que se cierne sobre la educación chilena.

No se entiende por qué en nuestro país se insiste en darle una clara supremacía a la actividad de los privados en la educación cuando en el mundo, países como Estados Unidos o Inglaterra, verdaderos gladiadores de la libertad económica, tienen en manos del Estado más del 90 por ciento la actividad.

Ya lo tenía muy claro, Valentín Letelier, quien fuera decano de la Escuela de Derecho, fundador del Instituto Pedagógico y Rector de la Universidad de Chile a fines del siglo XIX, cuando algunos ya consideraban la idea de ver a la educación como un bien de consumo esgrimiendo que “esta industria debe ser tan libre que un ganapán cualquiera no tenga más trabas para establecer una escuela que para abrir una tienda” era una pretensión inaceptable porque “ni los profesores son productores de una industria , ni los estudiantes son consumidores”, como lo resume en su libro De la República al Mercado, el académico de la Universidad de Chile Carlos Ruiz Schneider (Lom, 2010).

Luis Emilio Recabarren también acusaba entonces a un Estado ausente, como lo consigna en su libro el académico:“Ya que el gobierno abandona la instrucción del pobre, hagamos nosotros un sacrifico de tiempo y dinero y mantengamos en cada ciudad una pequeña escuela en donde proporcionar a aquellos compañeros más desgraciaos que nosotros, un poco de luz a sus cerebros para formales la conciencia de sus derechos”.

Sin embargo, a pesar de las advertencias el modelo del laissez faire se impuso a fines del siguiente siglo. “Aquí se ha constituido un mercado de la educación que es muy difícil de revertir. Y se sigue ampliando con la Ley de Subvención Escolar Preferencial que instaura la LGE y que abre un nuevo negocio con las asesorías externas a la educación. Se han abierto también las agencias privadas de acreditación para la educación superior y los intereses son muy fuertes y están clarísismos en las discusiones en el Congreso. Todo esto hace my difícil dar pié atrás”, explica Jenny Assael, académica, investigadora y coordinadora del Magíster de Sicología Educacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

La educación como un derecho

En el olvido quedó todo el legado de los constructores de nuestra República.  Así arremetía Valentín Letelier en 1892: “Los economistas sostienen que a virtud de la ley de la oferta y la demanda, cuando el Estado no interviene, a iniciativa particular mejora la enseñanza y funda escuelas dondequiera se las necesita. Pero en el hecho ocurre una cosa diferente: las escuelas se abren en las  más grandes poblaciones, donde es mayor la necesidad, por ser menor la cultura. No son estas, entonces, empresas industriales, sujetas a ley de la oferta y el pedido. Son empresas morales, sujetas a las necesidades de la cultura”. Sus palabras resultan tremendamente actuales frente al discutido rol del Estado hoy en un tema, como el educacional, que algunos se empecinan en considerar sólo como otra área de la economía. “La educación no es un servicio, como la locomoción colectiva, sino que un derecho humano, como la salud y quien debe asegurar el cumplimiento de ese derecho tiene que ser el Estado porque es un bien público”, dice Jenny Assael. Lo positivo es que esta mirada también la sostiene hoy un organismo como la UNESCO, en su política hacia América Latina, lo que implica un cambio importante.

“Se ha naturalizado la idea de la educación como un servicio que se debe comprar en el mercado y el gran desafío es que se convierta en un tema de debate. No puede ser que sea normal que un padre de familia saque a su hijo de un colegio municipal pensando  que el colegio de al lado es mejor, ignorando que ese colegio está seleccionando y que lo más probable es que a su hijo también lo van a seleccionar el día de mañana, y que a pesar de estar pagando por ello, puede ser expulsado”, sentencia Assael.

Las palabras de Valentín Letelier vuelven a resonar fuerte. “(…) Aludo a las doctrinas del libre cambio y el individualismo. En efecto, ¿qué es lo que necesitan los grandes para explotar a los pequeños?…libertad y nada más que libertad, o sea la garantía de que el Estado no intervendrá en la lucha por la existencia para alterar el resultado final a favor de los desvalidos. Eso es lo que el libre cambio da a los burgueses…”. Este viene a ser constituirse en un punto central de la discusión que los entendidos en el tema esgrimen, pero que los ciudadanos chilenos aún no logran despejar. De aquí que la experta Jenny Assael explique: “No puede ser que se consagre constitucionalmente la libertad de enseñanza por sobre la educación para todos, y luego, que el derecho a la educación se entienda sólo para abrir negocios. Esta libertad que existe hoy es para los sostenedores de tener sus propios proyectos educativos y de poder aceptar o no a un estudiante o expulsarlo”.

¿Por qué se mantiene el modelo?

Uno de las consecuencias del modelo educativo actual es la desigualdad y segmentación que produce. El director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile, Carlos Ruiz,  rescata en su libro a Darío Salas, gran influyente en la escolaridad obligatoria cuando decía en 1913 argumentos de candente actualidad: “Sin una base de conocimientos generales, comunes a todos los ciudadanos, el ´gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo´ es una ilusión, una frase y hasta una mentira. Pretendemos ser democracia, y dejamos que la desigualdad de cultura, las diferencias de clases  mantenga en condición de siervos o de parias a una fracción nada pequeña de la sociedad”.
Y si bien hoy Chile es un país que con orgullo exhibe un crecimiento y desarrollo que lidera en América Latina, aún tiene fuertes deudas respecto de la incorporación de la sociedad civil en ciertos procesos, como el educativo. Porque si bien e el mundo hay sistemas donde también la educación está municipalizada, allí la sociedad está muy compenetrada y participa de manera activa en su gestión. “Nuestro país es muy desigual y esto también se refleja en los municipios. Cuando la subvención es a la demanda, vemos una enorme diversidad para enfrentar esto y muchos no tienen la capacidad para desarrollar proyectos educativos. La fragmentación que ya existe en el sistema, a través de la enseñanza pública y privada, se repite al interior de la educación pública, con municipios pobres que consagran la diferencia, estratificación y desigualdad imperante”, dice Jenny Assael.

A la hora del balance de lo que ha sido la política educacional de los gobiernos de la Concertación, el académico de la Universidad de Chile, Carlos Ruiz, cita el estudio realizado por dos investigadores norteamericanos, Chang-Tai Hsieh de la Universidad de Princeton y Miguel Urquiola, de la Universidad de Cornell, que someten a una evaluación a las políticas de subvención y “sus conclusiones son demoledoras. No existen evidencias- sostienen- de que el traspaso de estudiantes de colegios públicos a privados haya mejorado el rendimiento educacional promedio en Chile (…) Y el nivel de enseñanza e Chile, según concursos internacionales como el TIMSS ha decaído, en lugar de mejorar”, finaliza.

Otras evaluaciones, como un informe de la OCDE es igualmente clara, explica el profesor Ruiz Scheneider, puesto que establecen que : “No hay ninguna evidencia que muestre que las políticas de subvenciones y la de incentivos económicos dirigidos a los profesores, esto es los dos pilares de la política educacional actual-que, por lo demás se mantienen en la LGE- hayan contribuido a mejorar la calidad de la educación en Chile en los últimos 20 años”. La pregunta clave que se plantea el académico es.” ¿Por qué se mantienen estos mecanismos de mercado en las políticas educacionales, si los resultados son tan escasos y si ellos siguen contribuyendo a la reproducción de la desigualdad social?”. Difícil de responder. Y surge otra, ¿hay posibilidades de cambiar lo que ya existe? La profesora Assael responde: “ Lo que hay que empezar a hacer son procesos de conciencia a mediano plazo a través de movilización y rearticulación del movimiento estudiantil y otros actores como los padres, profesores y que esa conciencia,  se vea reflejada en las urnas”.
Y están trabajando para ello, ya que anuncian que Chile será en 2012 la sede de Estudios del Trabajo Docente, un evento que congregará a los más importantes investigadores sobre el tema de América Latina en el Campus Juan Gómez Millas, y que organiza la Universidad de Chile junto la Universidad Católica de Valparaíso. Una oportunidad valiosa para dejar de darle la espalda al esfuerzo de grandes chilenos comprometidos por la educación pública que siguen conminando, aunque sea desde las páginas de los libros de historia, a cambiar el estado de las cosas.