Apenas el Presidente Piñera firmó en La Moneda su nuevo proyecto de ley de royalty minero, comenzó también en el Parlamento la discusión de sus alcances.
 
La iniciativa establece una tasa de cuatro por ciento hasta nueve por ciento para las empresas que ya tributan, mientras que las nuevas inversiones mineras partirán con un impuesto del cinco por ciento. A partir del 2018, la tasa será del cinco al nueve por ciento para todos los proyectos. Además, las compañías que se acojan a ello tendrán invariabilidad tributaria entre el 2018 y el 2025.
 
Y justamente la insistencia del Ejecutivo en incluir la invariabilidad tributaria es el primer punto de desencuentro que se anticipa en la discusión parlamentaria, ya que la Concertación estima que no existen cambios reales al proyecto que fue rechazado meses atrás.
 
“Ahí seguramente vamos a tener discrepancias muy importantes”, indicó el presidente del senado Jorge Pizarro, agregando que “lo que nosotros estábamos planteando era el debate respecto al royalty de verdad, permanente, y además el término de la invariabilidad, el país no necesita este tipo de incentivos para atraer inversión extranjera”.
 
La nueva iniciativa llega al Congreso este miércoles con suma urgencia, algo que la Concertación interpretó como una señal de que no están abiertos a discutir cambios. “Legislar con el pie forzado por un tema tan relevante es un error de la forma en que se establece una relación adecuada entre el Ejecutivo y el Parlamento”, afirmó al respecto el presidente del PS Osvaldo Andrade.
 
Desde el oficialismo, en tanto, critican a la oposición por la predisposición a siquiera conocer el proyecto y prácticamente rechazarlo de antemano.
 
“Yo no entiendo porqué un proyecto que aumenta sustancialmente la recaudación tributaria es rechazado por la oposición, cuando son ellos los que frecuentemente andan planteando aumentos de impuestos”, afirmó el senador UDI, Jovino Novoa, quien si bien reconoce que el proyecto presentado ayer es similar al que se rechazó previamente en el Congreso, agrega que “es radicalmente distinto a lo que existe hoy”. Además defiende el criterio del Gobierno respecto de la invariabilidad afirmando que es fundamental para atraer grandes inversiones.
 
En tanto, el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, emplazó a la Concertación a entender que el Transantiago se comerá todos los recursos, por lo que se necesitaran nuevas entradas a las arcas fiscales para la reconstrucción, “no es un impuesto caprichoso, inventado para quedar bien con la opinión pública de izquierda, no es que estemos guapeándole a los empresarios”, afirmó.
 
El gran negocio
 
Cuando presentó la iniciativa legal, el Presidente Piñera afirmó que esperaba que “el Estado y todos los chilenos seamos en cierta forma socios de la industria minera”.
 
Algo de eso hay según Julian Alcayaga, presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, quien afirma que son las propias mineras las que han presionado al Gobierno a legislar rápido sobre el tema, ya que la tasa impositiva que se propone, a cambio de invariabilidad tributaria hasta el 2025, impide una recaudación como la que se debiera, a tasas mayores, siendo “pan para hoy y hambre para mañana”.
 
“Las mineras, a partir del año 2018, podrían pagar entre  tres mil a cuatro mil millones de dólares anuales de royalty, y eso es lo que no quieren y por eso quieren ahora prolongar la invariabilidad tributaria, para pagar la miseria que están pagando ahora”, indica Alcayaga.
 
El experto asegura que si se aprueba el proyecto como está, perfectamente las mineras van a renunciar a la actual invariabilidad tributaria para someterse a la nueva, que dura hasta el 2025, pero que tiene un pequeño aumento del royalty durante dos o tres años.  “Lo mismo hicieron el año 2005, renunciaron a la que tenían que era de 20 años hasta ese momento, para someterse a la actual, porque les daban una nueva invariabilidad y bajaba la tributación (impuesto a la renta) de un 42 por ciento que pagaban a un 35 por ciento y le subieron un 4 por ciento. Es decir, negocio redondo”.
 
Según Alcayaga, si el Gobierno quisiera que las mineras aportaran más tributos, pueden generar muchas iniciativas sin afectar la invariabilidad tributaria, haciendo que las empresas no evadan los tributos lo que, según sus cálculos, pueden llevar al Estado a recaudar  dos mil o  tres mil millones de dólares anuales.
 
El proyecto ingresará durante el miércoles al Congreso en lo que se anticipa un nuevo crudo debate entre el Gobierno y sus opositores.