El fallo unánime de la Corte Suprema corrobora lo planteado por la Organización Atacama sin Carbón que presentó un recurso de protección por el informe del ex Seremi de Salud regional, Raúl Martínez, quien cambió la calificación del proyecto de “contaminante” que se había hecho durante la administración Bachelet a “molesto” por el nuevo gobierno.
El dictamen del máximo tribunal del país indica textualmente que “la autoridad recurrida optó por emplear un ‘procedimiento de revocación’ que no resultaba admisible”.

Además, el fallo asevera que si bien el Seremi de Salud “realizó un acto de su competencia, ejerció su potestad al margen de las formas legales y por motivos y para fines distintos de aquellos previstos para el denominado recurso de revisión, lo que le resta validez, tornándolo ilegal”.

Para Patricio Escobar, abogado de Atacama sin Carbón y del arquitecto Gonzalo Domínguez, quienes presentaron el recurso ante la justicia, la decisión de la Corte Suprema es un triunfo de toda una comunidad que está en contra de un proyecto altamente contaminante y dañino para el medioambiente.

“La Corte ha restablecido el imperio de la ley y la única clasificación vigente es la de los contaminantes. Por lo tanto, el proyecto de la central debe ser necesariamente rechazado por la Corema. Nosotros vamos a seguir haciéndonos cargo de este asunto y tenemos un mandato de nuestros representados – que son los vecinos directamente afectados por este proyecto – de continuar en todas las instancias en que sea necesario hacerlo para insistir en las múltiples observaciones sobre el proyecto y la ilegalidades en que incurrió la empresa en su tramitación, lo que lo hace inviable tanto a nivel legal como medioambiental”, explicó el jurista.

Desde las organizaciones ciudadanas y sociales de la región de Atacama también se manifestaron contentos con la resolución de la Corte Suprema.
Milton Morales, representante de la Comunidad Agrícola de Totoral, indicó que con este respaldo de la justicia, ahora la ciudadanía irá en masa hasta las oficinas de la Corema el miércoles, cuando la instancia deba votar el proyecto termoeléctrico.
“Vamos a seguir presionando al alcalde de Copiapó para que, de una vez por todas, haga trámites efectivos y que revoque el cambio del uso de suelo en el plano regulador que se realizó por estar comprometidos con este proyecto”, sostuvo el dirigente.
Bajo la resolución de proyecto contaminante dictado por el Poder Judicial, la Corema no tendría otra opción que votar en contra de la aprobación del proyecto.
La otra alternativa es que la empresa MPX Energía del empresario brasileño Eike Batista retire el proyecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pudiendo quedarse con el proyecto a punto de aprobar para volver a presentarlo en el futuro, lo que provocó el rechazo inmediato de las organizaciones ecologistas.
“Sería vergonzoso que eso sucediera porque de acuerdo a la institucionalidad, a las distintas reglamentaciones ambientales y sanitarias, este proyecto está clasificado como contaminante y por lo tanto, no debiera ser permitido en ningún lugar de las características de la zona costera de esta comuna”, afirmó el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca.
Cuenca afirmó además que el gobierno brasileño aún no responde al requerimiento de diversas organizaciones sociales, ciudadanas y ambientales que solicitaron su pronunciamiento ante el constante lobby de algunos funcionarios de la administración de Lula da Silva para interceder ante las autoridades chilenas.
A través de un comunicado público, MPX Energía aseguró que “el fallo de la Corte Suprema no impide la aprobación del Proyecto Castilla por la Corema”, pues la resolución permitiría el cambio en la resolución de la Seremi de Salud de Atacama.