Pese a haber sido dejado en libertad por la Corte Marcial, Héctor Llaitul sigue bajo prisión preventiva por orden del Tribunal Oral en lo Penal que, al igual que la Justicia Militar, lo investiga por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta.

Este doble juzgamiento fue una de las situaciones que motivó la huelga de hambre que los comuneros mapuche sostuvieron por varias semanas y que el Gobierno se comprometió a modificar, a través de un proyecto de ley que se discute en el Parlamento.

Para uno de los abogados de Llaitul, Alberto Espinoza, esta es una deuda que aún tiene el Estado chileno no sólo con esta etnia sino con la sociedad, debido al origen de los tribunales militares, que no permite la garantía del debido proceso establecido en los convenios internacionales.

Además, esta es una jurisdicción especial castrense donde prima el secreto del sumario y no se da acceso inmediato a las pruebas que contiene el proceso para una correcta defensa del imputado.

Espinoza explicó además que las críticas del Ministerio Público al proyecto de ley que modifica la aplicación de la Justicia Militar a civiles se diluyen frente al beneficio que significaría terminar con esta situación.

Una decena de personas no sólo mapuche están sometidas a proceso en diferentes casos tanto por la justicia ordinaria como por los tribunales militares, lo que deja a Chile en un mal pie frente a lo establecido en los convenios internacionales sobre esta materia.