Luego de dos horas de reunión, la Corema de Atacama suspendió la votación sobre el proyecto de la Termoeléctrica Castilla, provocando el rechazo de las agrupaciones opositoras a la planta energética.

La Corema de Copiapó decidió postergar, por 15 votos a favor y tres en contra, la reunión que definiría el futuro del proyecto de la Termoeléctrica Castilla, de propiedad de la empresa MPX ligada al empresario brasileño Eike Batista.

Así  la tramitación sigue detenida en el día 178 de los 180 días de plazo máximo de la calificación ambiental, luego de que la Corte de Apelaciones fallara que el cambio de “contaminante” a “molesta” que realizó el ex seremi de Salud de Atacama, Raúl Martínez, era ilegal.

Si el proyecto fuera calificado como “contaminante”, la Corema de la III Región no podrá aprobarlo, ya que el plano regulador impide instalar este tipo de industrias en la zona donde se emplazará el proyecto.

La intendenta de Atacama, Ximena Matas, explicó que la suspensión se debió a una solicitud de invalidación presentada por la empresa.

“Aprobamos la suspensión del proceso de calificación porque frente a la solicitud de invalidación interpuesta ante el Seremi de Salud, es imposible que se tomara una resolución habiendo un pronunciamiento pendiente y se hizo un símil como cuando fue suspendida por disposición de la Corte. En este caso no era posible proceder a calificar”, precisó la autoridad.

Patricio Escobar, abogado de la ONG Atacama sin Carbón, manifestó su rechazo a la medida  puesto que no existían fundamentos legales para suspender el proceso y  aseguró que se trata de una señal preocupante por parte de la autoridad respecto a su postura frente al proyecto.

El abogado advirtió que si sigue esta misma dinámica el proceso se podría eternizar.

“Si se establece como precedente la sola presentación de una solicitud de invalidación de parte de un interesado para suspender el proceso, quiere decir que no va a terminar jamás porque siempre va a haber una parte que se sienta perjudicada y va a poder recurrir a la autoridad solicitando lo mismo. Así el proceso va a estar eternamente suspendido”, sentenció el jurista.

La discusión ahora se traslada al Seremi de Salud que tendrá un plazo de cinco días para recibir los descargos de ambas partes para poder resolver.

La principal preocupación de los opositores a Castilla, que implica una inversión de 4.400 millones de dólares para producir 2.345 MW de energía, es que, de cumplirse finalmente los 180 días sin una resolución por parte de la Corema, el proyecto sea aprobado por “silencio administrativo”.