El jueves 28 de julio, la Corte de Antofagasta revisó varios recursos de protección que han sido presentados por la comunidad de Totoral por la instalación de la termoeléctrica Castilla. La Mesa Social de Totoral ha hecho un llamado a los ministros que integran el tribubal a hacer justicia y defender los derechos sociales y ambientales de los habitantes de Atacama.

Las organizaciones opositoras al proyecto Castilla expresaron que ya han transcurrido casi seis meses desde que interpusieron sus acciones constitucionales donde denunciaron las “ilegales” y “arbitrarias” decisiones adoptadas por las autoridades de salud y ambientales de su región y, según indicó el abogado de la comunidad, Álvaro Toro, recién en un mes más se podrían tener novedades en este caso.

Durante la jornada del jueves, el tribunal de alzada escuchó los alegatos de los representantes de la mesa social de Atacama y de los abogados del Servicio del Medio Ambiente y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que está llevando la defensa del Seremi de Salud, Nicolás Baeza.

Toro recordó que el eje fundamental de los reclamos de las distintas organizaciones y pobladores de la zona se relacionan con la “decisión arbitraria” de Baeza de modificar la calificación ambiental que había realizado su antecesor en el puesto – quien había dispuesto que la iniciativa energética era “contaminante” – para declararla como “molesta”.  “Ese antecedente permitía que la comisión de evaluación ambiental de la región tramitara el proyecto porque, de otra forma, tenía que rechazarlo”, dijo el jurista.

El abogado explicó que el Plano Regulador Comunal establece que en la zona donde se pretende instalar la megacentral termoeléctrica – es decir, en la Bahía Salados en Punta de Cachos – puede haber actividad industrial, siempre y cuando éstas sean “molestas”. “Ese es el punto jurídico detrás del debate”, dijo Toro y subrayó que en ese sector habitan pescadores artesanales, agricultores y pequeños ganaderos, que se verían muy perjudicados por las faenas de la central energética.

Por lo mismo, el representante de las comunidades cuestionó que sea el CDE el que asumiera la defensa del Seremi cuestionado porque dentro de sus funciones está velar por los intereses del Estado.

“Creemos que esto se da por la importancia que tiene para el Estado y para el Gobierno respaldar la labor desarrollada por esta autoridad regional. El CDE tiene la facultad, pero no es la habitual. Debería haber sido un abogado específico de la Seremi de Atacama y no un jurista que debería dedicar su tiempo a defender otras causas”, sostuvo Toro.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta se dio un plazo de 30 días para analizar los alegatos que realizaron ambas partes. Y aunque Toro se mostró esperanzado ante un eventual fallo que los favorezca, indicó que no van a agotar las instancias y que llevarán el caso a la Corte Suprema.