La semana pasada, vecinos de Recoleta perjudicados por el emplazamiento del proyecto presentaron una acción de nulidad de derecho público en los tribunales de justicia, con el objetivo de detener la construcción de dos torres de edificio que se sumarían a la torre de 20 pisos ya construida y a las dependencias de la Universidad San Sebastián en el barrio Bellavista.

Esta es una denuncia liderada por las organizaciones Ciudad Viva, la Junta de Vecinos n° 35 de Recoleta y la Fundación Defendamos la Ciudad. Patricio Herman, presidente de esta última, explica que las irregularidades fueron detectadas por las agrupaciones ciudadanas, pero que ya eran conocidas por la municipalidad de Recoleta, la Contraloría General de la República, el ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el Consejo de Defensa del Estado.

“Ninguna de estas instituciones públicas del Estado cuya obligación primera es hacer valer la ley, ninguna de estas instituciones se ha atrevido a exigir el cumplimiento de la ley, en razón de ello, los vecinos la semana pasada presentaron la acción de nulidad de derecho público para ver si los tribunales de justicia hacen imperar el derecho en este pobre país”, señaló el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.

Herman explica que la ilegalidad de este proyecto inmobiliario se resume principalmente en tres puntos.

Primero, la utilización de calle Pío Nono, bien nacional de uso público traspasado a la Universidad cuestionada a través de un permiso precario para construir el acceso del estacionamiento subterráneo, y que más aún arriendan para actividades de particulares. Para lo cual al menos se debió llamar a licitación para competir por la concesión del estacionamiento.

Segundo, la institucionalidad ambiental sólo sometió las tres torres habitacionales al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no así el centro de extensión, y la casa central, de lo que ya estaría enterado Contraloría.

Y por último, que el municipio permitió que la Inmobiliaria Bellavista de propiedad de la Universidad San Sebastián construyera, en la manzana de unos 15 mil metros cuadrados, edificios que superan los 20 metros permitidos en la calle Dardignac declarada de densidad media, donde ya se levantó ilegalmente la primera torre de alrededor de 20 pisos y donde otras dos están en etapa de excavaciones.

El diputado Patricio Hales, arquitecto y representante del distrito al que pertenece Recoleta, señala que hay antecedentes suficientes para investigar al menos la relación confusa entre la Universidad y la alcaldesa Sol Letelier que se arrastra hace bastante tiempo, y agrega que los concejales actuaron bien al rechazar su renuncia para que responda por su gestión y los 420 millones de su período anterior que no tienen respaldo y que fueron objetados por Contraloría

“Yo consideró que es excelente que los tribunales le hayan negado la posibilidad de renunciar a esta alcaldesa y que ella responda en el cargo de su propio ejercicio de su cargo de todas las situaciones que están confusas y que los propios concejales dicen que son irregulares y me parece muy bien que los concejales hayan renunciado a la posibilidad de designar por votación a un alcalde de la Concertación y hayan más bien decidido negarle la salida a Sol Letelier”, indicó el parlamentario.
Por su parte, el concejal Juan Pasten manifiesta que estas irregularidades existen hace mucho tiempo y que le parece bien que sea la ciudadanía organizada la que fiscalice.

“Yo creo que hay corrupción, yo creo que hay irregularidades son cuestiones muy obvias. Lo que pasa es que hasta la Contraloría es ineficiente. Me parece que se va a necesitar que el pueblo fiscalice”, afirmó el concejal de Recoleta.

Los tribunales de justicia deberán decidir si acoger o rechazar la acción de nulidad que podría detener la construcción de los dos edificios restantes y cursar las infracciones correspondientes a la Universidad San Sebastián y a la Ilustre Municipalidad de Recoleta por las irregularidades denunciadas en esta relación de privilegio y lucro que denuncian las organizaciones.