Un fiscal argentino pidió hoy la captura internacional del juez Otilio Romano, quien tramita en nuestro país una solicitud de refugio mientras la justicia local lo busca como procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura argentina.
El fiscal de la Cámara Federal de Mendoza, Omar Palermo, pidió la captura con prisión preventiva ante el juez Walter Bento, quien deberá responder en los próximos días a la solicitud, precisó el abogado Pablo Salinas, uno de los querellantes en la causa que investiga a Romano por su presunta participación en 103 delitos cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
Romano, suspendido en sus funciones por el proceso que se sigue en su contra, solicitó en Chile que se le conceda refugio, lo que le permite recibir una visa temporal de ocho meses hasta que se resuelva su petición.
Después de que se conociera su salida de Argentina, un juez citó a Romano para que se presentara ante los tribunales de Mendoza por su procesamiento en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos durante la dictadura en Argentina, cuando era fiscal de la provincia de Mendoza.
El plazo de su citación se cumplió el miércoles pasado sin que se conociera el paradero del juez, lo que llevó a los querellantes de la causa a pedir su captura internacional.
Por su lado, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) entregó el viernes en el Palacio de La Moneda una carta dirigida al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en la que solicita que el juez Romano sea expulsado del país.
“En esa carta le hago ver que nuestro país suscribió la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que prohíbe de manera explícita otorgar refugio político a una persona que está involucrada en violaciones a los derechos humanos”, destacó el parlamentario.
Un fiscal argentino pidió hoy la captura internacional del juez Otilio Romano, quien tramita en nuestro país una solicitud de refugio mientras la justicia local lo busca como procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura argentina.
El fiscal de la Cámara Federal de Mendoza, Omar Palermo, pidió la captura con prisión preventiva ante el juez Walter Bento, quien deberá responder en los próximos días a la solicitud, precisó el abogado Pablo Salinas, uno de los querellantes en la causa que investiga a Romano por su presunta participación en 103 delitos cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
Romano, suspendido en sus funciones por el proceso que se sigue en su contra, solicitó en Chile que se le conceda refugio, lo que le permite recibir una visa temporal de ocho meses hasta que se resuelva su petición.
Después de que se conociera su salida de Argentina, un juez citó a Romano para que se presentara ante los tribunales de Mendoza por su procesamiento en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos durante la dictadura en Argentina, cuando era fiscal de la provincia de Mendoza.
El plazo de su citación se cumplió el miércoles pasado sin que se conociera el paradero del juez, lo que llevó a los querellantes de la causa a pedir su captura internacional.
Por su lado, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) entregó el viernes en el Palacio de La Moneda una carta dirigida al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en la que solicita que el juez Romano sea expulsado del país.
“En esa carta le hago ver que nuestro país suscribió la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que prohíbe de manera explícita otorgar refugio político a una persona que está involucrada en violaciones a los derechos humanos”, destacó el parlamentario.
Un fiscal argentino pidió hoy la captura internacional del juez Otilio Romano, quien tramita en nuestro país una solicitud de refugio mientras la justicia local lo busca como procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura argentina.
El fiscal de la Cámara Federal de Mendoza, Omar Palermo, pidió la captura con prisión preventiva ante el juez Walter Bento, quien deberá responder en los próximos días a la solicitud, precisó el abogado Pablo Salinas, uno de los querellantes en la causa que investiga a Romano por su presunta participación en 103 delitos cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
Romano, suspendido en sus funciones por el proceso que se sigue en su contra, solicitó en Chile que se le conceda refugio, lo que le permite recibir una visa temporal de ocho meses hasta que se resuelva su petición.
Después de que se conociera su salida de Argentina, un juez citó a Romano para que se presentara ante los tribunales de Mendoza por su procesamiento en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos durante la dictadura en Argentina, cuando era fiscal de la provincia de Mendoza.
El plazo de su citación se cumplió el miércoles pasado sin que se conociera el paradero del juez, lo que llevó a los querellantes de la causa a pedir su captura internacional.
Por su lado, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) entregó el viernes en el Palacio de La Moneda una carta dirigida al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en la que solicita que el juez Romano sea expulsado del país.
“En esa carta le hago ver que nuestro país suscribió la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que prohíbe de manera explícita otorgar refugio político a una persona que está involucrada en violaciones a los derechos humanos”, destacó el parlamentario.
