Una petición formal para derogar el Decreto 124, ampliamente rechazado por los pueblos indígenas, presentó ante el Mideplan el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

El problema es que los abogados del Centro están pidiendo que se cree una ley que establezca como se implementa la consulta, lo que encontró oposición por parte de la Red Indígena Legislativa y de Políticas Públicas, tal como señaló el werkén Francisco Vera.

“Nosotros hemos dicho que la ley ya está y es el Convenio 129 de la Organización Internacional de Trabajo”, señaló Vera y se refirió a la diferencia que tienen con el organismo de Derechos Humanos.

“Ellos insisten en que debe haber una ley, nosotros hemos dicho que la deuda esta. La ley es el convenio y el marco regulatorio es justamente lo que debiera ceñirse a lo que estableció el Tribunal Constitucional, y si esa es la difrencia que hay en este momento esperamos salvarla rápidamente porque se requiere para derogar el Decreto 124 es una voluntad política y no demandas en tribunales, ni mucho menos, porque eso dilataría el tema y sería una justificación para el Gobierno tener el Decreto 124, quizás por cuánto tiempo más”, explicó el vocero mapuche.

Vera añadió que las demandas sólo buscarían alargar la discusión y mantener el convenio vigente mucho tiempo más.

Por otro lado, el líder mapuche señaló que el peligro de aceptar la propuesta de crear una ley es peligroso porque que en Chile las leyes que tienen sobre los pueblos originarios nunca han sido respetadas. Además, de señalar que aquí nunca una ley entra al Congreso y sale exactamente igual, lo que ya ha ocurrido antes con la Ley Lafkenche y con la misma Ley Indígena.

Y este caso es particularmente importante, ya que el Decreto 124 del Ministerio de Planificación estaba siendo utilizado para estructurar la Gran Consulta Indígena, impulsada por el gobierno, sin cumplir los estándares internacionales mínimos, por lo que el proceso quedó detenido y actualmente está en revisión.