Desde que el Presidente Salvador Allende pronunciara ante Naciones Unidas –en diciembre de 1972- su famoso discurso “Vengo de un país pequeño”, sus sucesores han estimado del caso hacer la misma comparecencia. Incluso varios de ellos han invocado también la expresión que alude a la pequeñez geográfica.

Pero ninguno logró la ovación que desató Allende por su admonición sobre las trasnacionales, cuyo poder de entonces puede verse ahora como un preludio de la globalización que se desarrolló después.

Nada de ese calado pudo  oírse en el discurso del Presidente Sebastián Piñera, ni siquiera en la propulsión que anunció de la reforma de la carta democrática interamericana y del Consejo de Derechos Humanos, tampoco al hacer suya “la noble y hermosa causa” estudiantil interna ni menos al impugnar el sempiterno problema marítimo con Bolivia.

En este último punto Piñera insistió en que su país no tiene asuntos limítrofes pendientes con su vecino, no obstante seguir dispuesto a dialogar con él, no reparando en dos cosas: si un interlocutor plantea que existe un problema pendiente hay que tomarlo como tal, y Chile, por lo demás, aceptó incluirlo en la agenda bilateral de trece puntos.

Respecto de lo que ha marcado el sexagésimo período de sesiones de la asamblea de la ONU –la solicitud de Palestina ser admitida como Estado miembro-, el gobierno chileno sostuvo una posición ambigua: el reconocimiento de ese derecho, pero a la vez el de Israel a fronteras seguras y reconocidas.

Obvió así la demanda de la Cámara de Diputados de Valparaíso de abogar por el regreso a las fronteras de 1967 entre ambos territorios. Es una manera de neutralizar una postura, algo parecido a lo que hizo el Presidente Barack Obama: reconocer el derecho a existir del Estado Palestino, pero advirtiendo que ello debe lograrse sólo entre las partes en conversaciones directas, no por imposición de Naciones Unidas.

En el terreno bilateral, los líderes mundiales aprovechan en estas ocasiones de dialogar sobre lo  que interesa a sus estados. En el caso de los presidentes Piñera y Cristina Fernández fue un asunto no tratado el que dominó el ambiente: la solicitud argentina de extradición del juez Otilio Borón, acusado de cerca de cien violaciones a los derechos humanos en su país.

Aquí Piñera se enfrentó a un problema ético y político. La UDI, partido de su coalición, pidió utilizar esa demanda como una moneda de cambio con la extradición de Galvarino Apablaza, a quien sindica como uno de los autores del asesinato del senador Jaime Guzmán. Borón le interesa mucho a Buenos Aires, pero no está dispuesto a colocar en la frontera a un militante que tiene la condición jurídica de exiliado político. De este modo Chile se hace de un doble problema, con un vecino prominente y con un partido gobiernista que confunde la búsqueda de la justicia con su deseo de vengar la muerte de su líder y fundador.