Un déficit total a nivel nacional de 470 mil viviendas de interés social arrojó el Balance de la Vivienda elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción a partir de los datos entregados por la encuesta Casen 2009. Sin embargo, éstas aumentan en cerca de 500 mil al considerar los efectos del terremoto del 27 de febrero del 2010.

Javier Hurtado, gerente de Estudios del gremio, destacó que la indagación detectó que la mayor parte de los requerimientos habitacionales son de carácter más cualitativo que cuantitativo, lo que apunta a la calidad de las viviendas sociales, principalmente en su mantención.

“En cuanto a cantidad se han mejorado las soluciones de vivienda. Pero efectivamente hay un tema que ha empeorado entre un balance y otro y que se puede denominar como los déficits por calidad. En la medida en que aumenta el nivel de ingreso per cápita, los requerimientos de calidad son mayores. Entonces por un lado, se incrementan las exigencias como sociedad y por otro la vivienda permanece constante o empeora si es que no se va corrigiendo o solucionando los problemas en general”, explicó Hurtado.

El estudio señala que considerando los resultados de una política estatal muy activa, como en los últimos años, en un ciclo expansivo y manteniendo las condiciones de nuestra economía, los requerimientos de vivienda de las familias más pobres se podrían acabar el año 2017, mientras que el déficit total terminaría en al 2021. Pero si se registra un bajo nivel de crecimiento, la proyección se extendería hasta el  2019 y 2027.

Sin embargo, estas cifras fueron cuestionadas por Roxana Miranda, presidenta de ANDHA Chile a Luchar Democrático, para quien la realidad es mucho más compleja, ya que ni el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo da abasto hoy con las necesidades de la población de acceder a una vivienda digna.

“Cómo se atreven a sacar estos números, que no sé de dónde los sacan o cómo los inventan. En la última postulación cuando el Serviu comente un error y las familias postularon directamente en el Ministerio de Vivienda, solamente en una jornada se juntaron más de 6 mil pobladores postulando para que después se otorgara un subsidio a mil familias. No entiendo de dónde sacan las cifras y cómo pretenden solucionar un tema que hoy apunta a seguir bancarizando viviendas sociales”, inquirió la dirigente.

Para Roxana Miranda los empresarios están manipulando los datos, reconociendo la falta de calidad en las construcciones que ellos mismos realizan, pero con la finalidad de que el Estado se haga cargo, subsidiando lo que las empresas hicieron mal, por lo que sugieren que la política pública potencie los subsidios de reparación.

Por su parte, Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, indicó que hay otros temas que requieren atención, como la necesidad de aumentar superficie de viviendas construidas. Además, indicó que no sólo se trata de las construcciones en sí mismas.

“No solamente hay que conformarse con construir viviendas. Hay que preocuparse del entorno de las poblaciones o de los conjuntos habitacionales en términos de que deben tener los equipamientos necesarios y áreas verdes y todo lo que sea consustancial a vivir en una ciudad. Aquí se construye sin autos, sin consultorios, sin oficinas de seguridad pública. Hay que preocuparse de los accesos y todo lo demás”, sostuvo.

Herman, añadió que uno de los problemas en esto es el Transantiago, medio que no permite el fácil acceso de toda la población a los centros comerciales, por lo que se debe hacer un trabajo mucho mayor, de diseño y planificación de la ciudad.