El pasado martes en la mañana llegaron hasta el frontis del ministerio de Salud dirigentes de las distintas organizaciones de trabajadores de la salud para denunciar la crisis que está viviendo el sector.

“Nosotros estamos acá para que se dejen de destinar fondos públicos a la salud privada, además de pedir que se cumplan los compromisos firmados con el ministerio. Los SAPU atendemos alrededor del 60% de las urgencias y no tenemos las condiciones de infraestructura ni de personal adecuadas”, afirma Juan Pino del SAPU de Lo Prado y dirigente de la Confusam Centro Occidente.

En noviembre del 2010 se estableció un protocolo de seis puntos entre el ministerio de Salud y los trabajadores, quienes reclaman al ministro Jaime Mañalich no haber cumplido dichos compromisos.

Los puntos establecían el mejoramiento de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y las Postas de Salud Rural, un aumento de 2.700 a 3.500 pesos que entrega el Gobierno a los consultorios por paciente inscrito. Complementos a la Asignación de Zona, Servicios de Bienestar de Personal e Incentivos al Retiro a los trabajadores de la salud municipalizada.

Carolina Espinoza, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam), aclara que, si bien están pidiendo reivindicaciones laborales y gremiales, sus demandas también apuntan a la recuperación de la salud pública, ubicándose en el contexto de las últimas movilizaciones ciudadanas.

“El año pasado veíamos con cierto pesimismo el panorama para la salud pública, hasta que los estudiantes inyectaron el entusiasmo de lo colectivo con las movilizaciones y el cuestionamiento a este modelo que lucra con los derechos de las personas. Creemos que ese entusiasmo debe extrapolarse a áreas tan básicas como la salud”, declaró Espinoza.

En la misma línea, Claudio González, presidente de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), enfatiza que “el movimiento estudiantil y ciudadano puso en manifiesto la crisis de representatividad que existe en el país, por lo que hoy son las organizaciones sociales las llamadas a poner en el debate público los temas que son de interés para el país”.

“Hoy entendemos que nuestras demandas laborales pasan también por un cambio estructural en el sistema de salud de la mano con los usuarios. Así como en la educación, que se ha roto la lógica que para poder optar a una buena educación es necesario pagar o endeudarse, lo mismo pasa en la salud”, afirma González.

Es en ese marco que en junio de este año la Confusam lanzó la campaña “Mejor Salud Pública y no Menos”, que busca concientizar a los usuarios de las problemáticas que vive el sector y de su importancia como actores en la defensa de la salud pública. Dentro de la campaña se contempla la repartición de volantes, afiches y charlas de trabajadores de la salud en las salas de espera.

Privatización encubierta

Carolina Espinoza enfatizó también la diferencia entre las dos agendas que mantiene el Gobierno: por un lado el discurso de inyectar mayores recursos al sector público y, por otro lado, la poca claridad con que esos recursos se reparten y terminan finalmente cimentando el camino hacia la privatización.

Los bonos portables o “cheques AUGE”, que buscaban disminuir las listas de espera de las enfermedades con atención garantizada, anunciados por el Gobierno en invierno de este año fueron un ejemplo.  Dichos bonos, de siete mil pesos y emitidos por Fonasa con fondos públicos, podían ser utilizados por los usuarios en establecimientos de salud privados.

“El 80% de los chilenos se atiende en la salud pública. Con siete mil pesos, que es lo que vale una hora de atención de un médico en un SAPU, tienes por lo menos a cuatro pacientes atendidos. Además, los pacientes tienen que volver a buscar remedios, exámenes y demases a los establecimientos públicos”, dice Carolina Espinoza, para explicar que el bono AUGE lo que hace es pagarle a una clínica privada por un servicio básico de la población mientras en los hospitales la situación sigue crítica.

Se calcula, por las patologías contratadas a través de portal del Mercado Público, que el costo para el Estado de estos bonos fue del doble que si hubiesen sido transferido al sistema de salud público.

“Por un lado, la privatización se da ya que se viene desangrando el presupuesto de la salud pública hacia el sistema privado cuando los hospitales no son capaces de cubrir las necesidades que por ley les corresponde cubrir”, afirma Oscar Riveros, presidente de la Confederación Fenats Nacional y vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Salud.

“Por otro lado, se da la posibilidad, a través del ministerio de Obras Públicas, de llamar a concesión a privados a hospitales públicos a lo largo de todo Chile, proceso que comenzó en los gobiernos de la Concertación”, explica Riveros.

Los primeros hospitales concesionados en Chile fueron los de Maipú y La Florida, adjudicados el 2009 y que estarían operando a inicios del 2013. Una segunda etapa de concesiones implica la licitación de a lo menos ocho hospitales a lo largo de todo Chile y que han sido ampliamente cuestionados.

La campaña “Salud Un Derecho” cuestiona la concesión hospitalaria y la compara con el caso de Inglaterra, haciéndose la pregunta: “¿Cómo puede el Estado hacerse cargo de cumplir con su rol de satisfacer los derechos humanos básicos si entrega esas funciones a privados que buscan el lucro?”.

Inglaterra es el país pionero en concesión hospitalaria, con más de 120 hospitales entregados a privados y donde se ha producido a lo largo de los años un problema de sobre explotación de camas. Esto, debido a que el Estado mantiene un contrato con las empresas que se adjudicaron los hospitales que establece un mínimo de camas ocupadas y la poca fiscalización dio pie a muchos abusos con la rentabilidad de los recintos.

Mientras este fenómeno amenaza con llegar para quedarse en Chile, los gremios de la salud han anunciado que seguirán movilizados y pararán la segunda semana de octubre.