Producir algunos bienes públicos voluntariamente y sólo cuando estos constituyan parte de los intereses  institucionales, no es lo mismo que producir y garantizar la creación, desarrollo y defensa de todo bien público importante para el país. Recibir aportes estatales, además de financiamiento privado por contratos o donaciones de otras instituciones con intereses afines, no es lo mismo que depender de recursos estatales para mantener la independencia que se necesita en el frecuente conflicto entre el interés público y el privado o para destinar esfuerzos al estudio de temas que no tienen rentabilidad inmediata o simplemente para pensar libremente. Ser una institución privada sin fines de lucro no la hace una institución pública, sigue siendo una institución guiada por intereses privados. Por legítimos que estos sean, no son los intereses de todos.

En síntesis, las instituciones privadas y estatales no son iguales, aunque cumplan funciones similares. Sus objetivos y condiciones no son ni deben ser los mismos.

Es un consenso en la academia que mantener y desarrollar una universidad privada, sin fines de lucro, de buena calidad y producción en investigación y creación -como las hay en Chile- es una necesidad nacional y, apoyarlas con fondos estatales, es una estrategia correcta.  Otra cosa es tener sólo universidades “privadas”, privatizando o precarizando las estatales como ha sido la estrategia inconsulta, impuesta y predominante de nuestro Estado desde la década de los ochenta. Inútil es una discusión ahora sobre si esto fue intencional o no; más importantes son los elocuentes resultados.

Frente a este escenario las universidades estatales claman al Estado por una corrección que reconozca su diferencia fundamental con las privadas, en la forma de aportes basales especiales para universidades estatales.  Las universidades privadas, en línea con sus intereses, se oponen y consiguen el apoyo del gobierno para mantener el sistema bajo el lema de que “todas la universidades deben ser iguales para el Estado” y que sólo la calidad es un parámetro diferenciador aceptable para ellas.

El argumento de igualdad es falaz pero fatalmente tautológico: no son todas iguales, las universidades estatales son fundamentalmente distintas a las privadas -a igualdad de calidad-, pero a fuerza de imponer políticas basadas en esa supuesta igualdad terminaremos siendo fatalmente indistinguibles.

La ironía es que no veremos la muerte de la educación pública en un acto dramático como el cierre de sus instituciones, ni tampoco veremos su verdugo, porque simplemente se transforman y mimetizan como una institución privada más. De hecho, creamos instituciones “guachas”, sin paternidad, que abandonan poco a poco su misión por sobrevivir en la competencia. Ese es el fatal fin de la ya larga y anunciada agonía de las universidades estatales. Negarles hoy el oxígeno por el que claman es proclamar su muerte en vida, para que sigan viviendo como “universidades guachas” del Estado.

Profesor Titular y Senador Universitario
Universidad de Chile