Ayer por la tarde, luego de varias reuniones, con divisiones internas e inesperadamente, la mayoría de los gremios agrupados en la mesa del sector público firmaron un acuerdo con el gobierno que define un reajuste salarial de un 5%, además de un bono de término de las negociaciones de 230 mil pesos para todos quienes reciban remuneraciones menores a $600 mil y  de $113.000 para aquellos que están por sobre ese monto.

Un giro inesperado al que llegaron 11 de las 14 organizaciones que componen la Mesa, entre ellas los trabajadores de la salud primaria, los funcionarios municipales y los trabajadores universitarios.

“Estamos satisfechos por este acuerdo con la gran mayoría de los gremios del sector público”, manifestó el ministro de Hacienda Felipe Larraín, luego de ser notificado por el equipo técnico de la cartera que negociaba con los gremios.

Quienes no han firmado son la Federación Nacional de Profesionales Universitario de la Salud, Fenpruss, porque se encuentran en elección de directiva nacional, por lo tanto esperarán a que la asamblea reunida decida, pero también y al igual que el Colegio de Profesores, por solidarizar con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) quienes consideraron insuficiente la propuesta.

Para Raúl de la Puente, sigue siendo un reajuste mezquino, ya que al considerar que la inflación llega a un 3,7%, no será más que un 1,3% real de incremento, incluso más bajo que el 2,1% promedio de los reajustes de los últimos 20 años de negociaciones.

Según un comunicado oficial enviado por la Central Unitaria de Trabajadores, el acuerdo implica además resolver la situación de incompatibilidad del bono Post-laboral con las condiciones de retiro y establecer cupos de retiro para aquellos que quedaron rezagados de la Ley anterior. Además se constituirán diversas mesas sectoriales, tales como: Situación de los trabajadores a honorarios; mesa con el servicio civil para vigilar y aplicar el código de buenas prácticas laborales; con el ministerio del Trabajo para abordar el tema del acoso laboral y las prácticas antisindicales y una mesa de igualdad de oportunidades.

Por su parte, los empleados fiscales aún no llegan a acuerdo a demandas puntuales de su gremio: estabilidad laboral y renovación automática para los funcionarios a contrata y un bono especial de retiro.

Tanto la Anef como el Magisterio son las organizaciones que concentrar la mayor cantidad de afiliados, que constituyen casi la mitad de todo el sector público.

Durante la jornada del lunes, De la Puente sostuvo reuniones con diputados de la comisión de Hacienda con el objetivo de que se rechace la propuesta.

Efectivamente, para ratificar la propuesta gubernamental, el ejecutivo ingresará hoy una indicación con los nuevos acuerdos, ya que el proyecto de reajuste original era discutido por la Comisión de Hacienda en base a un 4,5%. Las modificaciones serán votadas esta jornada por la comisión, para luego discutir la iniciativa en la sala de la Cámara de Diputados.

“Vamos a continuar esta lucha en el Congreso Nacional”, manifestó la directiva nacional de los empleados fiscales, quienes ratificaron el llamado a paro para este martes y miércoles, llamando a todos los sindicatos base a “cerrar filas con nuestra organización para detener la nueva ola de despidos desatada por el gobierno de Piñera y la persecución permanente  a nuestros derechos laborales”, puntualizaron.