Los ministros Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Nelson Pozo, ratificaron de forma unánime el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acoge un recurso de protección presentado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), e indica que el Ministerio de Hacienda no podrá aplicar un instructivo de control de funcionarios que participan de las movilizaciones del sector.

El polémico instructivo fue implementado en agosto pasado, a la luz de la paralización convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, donde las jefaturas debían certificar los tiempos en consumo de café, ingreso a servicios higiénicos o ausencias en días de paro.

Ante ello, la vicepresidenta de la Anef, Nury Benítez, subrayó que “el Gobierno lo que hizo fue instalar medidas represivas que no tienen asidero en Chile, la Corte Suprema ha ratificado que en la administración pública no hay patrones de fundo, y establece lo que la ley permite y no otra cosa”.

La resolución judicial determina que el instructivo atenta contra las garantías consagradas en el  artículo 19  N°1 de la Constitución (derecho a la vida e integridad física y psíquica)  y N°4 (respeto a la vida privada), e indica que la acción de Hacienda “no es más que una manifestación de la intromisión en la esfera privada de la persona y construye un pésimo ambiente laboral, que está fuera de todos los marcos legales”.

Ante ello, el presidente del Frente de Trabajadores de Hacienda, Jorge Thibau, apuntó a distintas prácticas desde Gobierno destinadas a intervenir el movimiento sindical, y denunció que “el Gobierno ha tratado de politizar la acción sindical y judicializar al prohibir las tomas, incluyendo en eso a los servicios públicos, lo que está haciendo es amedrentar a los funcionarios públicos. Hay casos de intervención electoral para poner gente proclive al Gobierno, para interferir en las decisiones, cuando un dirigente deja su fuero es despedido inmediatamente, para dejar en claro que hay un castigo para las personas que ejercen su derecho”.

Un nuevo revés en materia laboral para el Gobierno, luego que la justicia determinase hace algunos meses la devolución de los descuentos a funcionarios de Impuestos Internos que se sumaron a la paralización del aparataje estatal, otra medida considerada fuera de los márgenes por el Poder Judicial, donde el “Acta de constancia de ausencia de funcionarios en sus labores funcionales”, queda en manifiesta ilegalidad al aplicarse en el Estado.